La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) que atribuye la muerte de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril a un suicidio deberá ser reconducida con un nuevo plan de investigación con perspectiva de género y que siga los lineamientos y los estándares internacionales que indican que cualquier muerte violenta de una mujer debe tener como principal línea de investigación la del feminicidio.

Así lo determinó hoy en una audiencia el juez de control Javier Vázquez Fernández al considerar que la investigación realizada en 2018 por la FGE fue violatoria de los derechos de las víctimas, debido a las múltiples omisiones y negligencias de las autoridades. 

Vázquez Fernández le dio a la Fiscalía de Puebla un plazo de tres meses para presentar un nuevo plan con el que se pueda determinar si el caso de Figueroa Becerril se trató de un feminicidio. 

El 15 de mayo de 2018 el cuerpo de Zyanya Figueroa —médico de 26 años de edad que llegó a Puebla para estudiar la especialidad de Pediatría— fue encontrado en el baño del lugar donde vivía pendiendo de un tubo. En el lugar de los hechos también se encontraron otros artefactos como tijeras o jeringas manchadas de sangre. 

La Fiscalía General del Estado determinó que la principal hipótesis del hecho era un suicidio. Sin embargo, desde el principio las inconsistencias en la investigación salieron a flote, señala el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) —organización que sigue de cerca el caso—, Carlos Humberto Olvera González, en entrevista para El Popular.

Olvera González explica que la principal inconsistencia fue mantener como única línea de investigación la del suicidio, omitiendo la perspectiva de género en el caso. Además, hubo múltiples deficiencias en el levantamiento de indicios —la FGE sólo recabó cuatro indicios, y un año y medio después peritos independientes recabaron más de 60— y en el resguardo del lugar por parte de la Fiscalía. 

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Asimismo, expone el abogado OCNF, para la investigación no se contó con los videos del fraccionamiento en donde está ubicada la casa por no solicitarlos en un tiempo oportuno. También hubo errores y contradicciones en exámenes científicos como la necropsia. 

Con este contexto, la familia de Zyanya Figueroa solicitó a la Fiscalía una reconducción de la investigación, pero sólo recibió una negativa. Ante esto buscaron una audiencia con un juez de control —quien se encarga de supervisar que en la investigación se respeten los derechos fundamentales de los implicados— para poder exponer las inconsistencias del caso.

Dicha audiencia se realizó el 17 de octubre del 2020, en la cual se determinó que no se podía emitir un pronunciamiento favorable, cuenta Carlos Olvera. Posteriormente se tramitó un amparo ante un tribunal colegiado (instancia federal) para tener un mayor marco de protección a las víctimas, el cual resultó favorable para la familia.

El camino para llegar a la resolución que obliga a la FGE a presentar un nuevo plan de investigación con perspectiva de género no ha sido sencillo. En mayo de este año los padres de Zyanya y algunas manifestantes fueron agredidas por funcionarios de la mencionada institución, simplemente por protestar afuera de sus instalaciones.

A partir de esta resolución, dice Carlos Olvera, se ha marcado un precedente que evidencia que los jueces de control, los jueces locales, pueden reconducir una investigación para que se realice con perspectiva de género. Asimismo, es un paso importante para que se reconozcan las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las autoridades que se supone deben procurar justicia para la ciudadanía.

La ausencia de perspectiva de género en las investigaciones en Puebla es notoria. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a agosto de 2021 en el estado 76 mujeres han sido asesinadas, pero sólo 27 se consideran como feminicidios, y el resto (49) como  homicidios dolosos. El año pasado la situación fue muy parecida, de un total de 135 asesinatos de mujeres, 54 se investigan como feminicidios y 81 como homicidios dolosos.