Reportaje original de Sergio Mastretta

 

Este es el trazo en corto de un río hermoso violentado por los rudimentarios intereses que rigen en nuestra sociedad. Es un retrato breve de las personas que sin escrúpulos lo dragan para vender sus rocas en un mercado en el que no valen las leyes ambientales de un fracasado Estado.  Es una semblanza de un proceso que se repite con toda seguridad en muchos rincones del recorrido de los arroyos, barrancas y ríos poblanos: la explotación industrial ilegal y desmedida del medio ambiente.Pero es también la historia de quienes lo defienden a costa de poner en riesgo sus vidas en el entorno de una  comunidad rural en la que campean los tradicionales modos caciquiles y la personalización de los conflictos de poder.

 

El río Zempoala visto desde el puente nuevo, en la carretera Tepango-Zapotitlán. Foto Mundo Nuestro.

 

El martes 11 de enero pasado, poco después de las 2 de la tarde, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental en el estado de Puebla sorprenden a un grupo de personas que con una máquina retroexcavadora extraen piedras a tajo abierto en el río Zempoala, justo en su deriva por el pueblo de Zapotitlán de Méndez, en el corazón de la Sierra de Puebla, material que destinan para las obras de rehabilitación de la Carretera Interserrana adjudicadas por el gobierno estatal a compañias contratistas. Es la visita de inspección que los miembros de Serranos Unidos en  Resistencia Indígena esperan desde el 9 de noviembre, cuando la PROFEPA realizó una “visita de observación”, y tras meses enteros de denunciar ante las autoridades federales los delitos ambientales que una empresa constructora comete a la vista de esta comunidad totonaca.

Sorprendidos infraganti, los saqueadores intentan impedir la inspección y ganan tiempo en  telefonazos con sus patrones. Pronto aparecen los ingenieros a defender su plaza. Algo logran, pues tras una discusión, los funcionarios federales permiten a los trabajadores sacar la maquinaria y los camiones de volteo que se encuentran en el sitio de la extracción, y proceden a la clausura. No hay detenidos a pesar de la flagrancia. Tampoco se levantará denuncia ante la Fiscalía General de la República, así que no habrá riesgo de cárcel para los responsables del saqueo y de los delitos ambientales cometidos.

Pero la clausura queda registrada con el Folio PFPA/27.3/2C.27.5/0001/2022. En él tendremos que encontrar las razones por las que los autores intelectuales y materiales de un crimen no enfrentarán las penas que el Código Penal Federal impone para quien comente estos delitos ambientales. Y más, los fundamentos legales para que el Estado responda a las exigencias de reparación que Serranos Unidos en Resistencia Indígena reclaman para el río: destinar a un Fondo Indígena las sanciones económicas en que incurre la  cadena de depredadores y abrir carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República, además de la clausura inmediata de las plantas quebradora y asfaltadora que con concesión o siin ella se instalaron sin la realización de una Consulta Indígena Libre, Previa e Informada.

 

La clausura por PROFEPA el 11 de enero de 2022. (Foto propiedad de SURI)

 

A las 5.30 de la tarde los inspectores se retiran. Sólo los sellos de CLAUSURADO que dan cuenta del hecho permiten comprender la dimensión de uno de tantos crímenes ambientales que ocurren en nuestro país, los procesos que lo explican, los personajes que participan y la impunidad en la que quedan.

De eso hablaremos en este reportaje.

 

La dimensión del saqueo /Video y reseña fotográfica

En la ribera del río Zempoala, y por dos ocasiones, en el 2013-2014 y en el 2020-2021, empresas constructoras contratadas por los gobiernos federal y estatal para la eterna rehabilitación de la carretera Interserrana instalan la maquinaria con la que trituran y tratan el material pétreo que extraen del río sin reparo alguno en la ausencia de permisos y manifestaciones de impacto ambiental exigidos por la ley. Felices sus propietarios por el ahorro del gasto de la materia prima para la grava que utilizarán en la pavimentación, y con el mejor estilo guerrillero, operan sin descanso y a la luz pública sus cuadrillas de trabajadores en retroexcavadoras, camiones materialistas, quebradoras, trituradoras y asfaltadoras hasta que algún día, tras meses de devastar el fondo del cauce, aparecen los inspectores de la PROFEPA con sus sellos de clausura.

 

El escenario

 

¿Cómo es posible que una empresa constructora repita la escena del 2014, paso a paso, y que puedan sucederse semanas y meses enteros de expolio del lecho del río sin que las denuncias prosperen?

Anoto en la libreta los personajes involucrados:

El río Zempoala:

Cuatro grandes ríos tiene la Sierra de Puebla: el Necaxa, el Ajajalpan, el Zempoala y el Apulco. Cada uno carga decenas de afluentes, algunos mayores, como el río Ateno, la mayoría breves, con nombres musicales en náhuatl, totonaco, otomí. Todos se juntan en la frontera de Puebla con Veracruz, todos van a dar al mar por Tecolutla.

De cuando en cuando --tres veces a lo largo del siglo XX: 1944, 1955 y 1999--, la naturaleza se desborda en tormentas que azotan las montañas y las desgarran como si toda la furia se concentrara en castigar pasiones geológicas insondables. Ahí están las enormes piedras en el lecho de los ríos para probar que un enorme coraje las ha arrancado de la entraña de los montes.

El río Zempoala inicia en dos trancos arriba de los tres mil metros: al poniente, una deriva de arroyos que formarán la cañada de Aquixtla; al sur, en la frontera con Ixtacamaxtitlán, la cañada a la que se asoma Tetela. Ahí están los cerros del oro y la codicia industrial que los acecha. Desde esos puntos meridionales se deja caer sin freno hasta los 180 metros en la frontera veracruzana, en una ruta a plomo de 65 kilómetros lineales.  Es el río de las bromelias y los acantilados que resguardan mantos densos de bosque mesófilo de montaña, con zonas acuáticas y terrestres consideradas para su conservación como prioritarias por la CONABIO. Es el río encañonado en gargantas que codicia la ingeniería hidroeléctrica, el  que aprieta sus aguas y en tiempo de tormentas amenaza con inundar Zapotitlán. Es el río de pueblos totonacos y nahuas colgados en sus barrancas, cada uno con sus historias y soledades de pueblos indios antiguos, todos ellos de agricultores minifundistas en lucha por la tierra contra la rapacidad de los caiques mestizos en el siglo XX.

 

La biodiiversidad en el río Zempoala. Imagen tomada el día de la clausura del sitio de extracción ilegal de piedrra en el lecho del río. Foto propiedad de SURI.

 

El pueblo de Zapotitlán

 

Acostado sobre la ribera sur del río, de origen totonaco, cabecera de un municipio que reparte poco más de cuatro mil habitantes entre la cabecera municipal y sus comunidades Nanacatlán y Tuxtla. Al igual que sus vecinos Hutizilan (nahua) y Zongozotla, Tepango, Camocuatla, Tapayula, Hueytlalpan, La Garza, Ignacio Allende, Ixtepec, y Atlequizayán (Totonacos), tiene en los cafetales el sustento principal y única vía de acceso para los campesinos a la economía capitalista representada por un vivero de cafetos que la gente reconoce como propiedad de una marca de café “hamsa” y otros comercializadores del grano en bruto. Una economía local fundada en el minifundio campesino de la milpa sobreviviente entre el monocultivo cafetalero y sostenida en los dineros que a cuentagotas de licitaciones carreteras y programas asistenciales llegan como maná desde la Federación, y que da para la existencia feliz de un cajero Santander en el portal del Ayuntamiento y una casa de préstamos de nombre SMB Rural, una marca que se presume desde 2013 como la “primera Sociedad Financiera Comunitaria de México”. Un pueblo que no cuenta en su haber más que con una gasolinera a tres kilómetros marca Antorcha Campesina en el entronque de El Paraíso; un hospital de categoría “integral”, un kínder de nombre Pipino Manzano, el maestro rural que a la mitad del siglo pasado puso las bases de una reconocida tradición intelectual local, con una magnífica primaria, una secundaria, la 78, un Colegio de Bachilleres, pero nada que se denomine y albergue una institución de educación superior; seis hotelitos y casas de huéspedes, siete restaurantes y fondas, una tepachería que vende licores artesanales desde 1880, un botanero regenteado por una persona del vecino pueblo de Ixepec y un barcito que responde a los ánimos empresariales del presidente municipal Emiliano Vázquez Luna, de de filiación priista marca cacique estatal Jorge Estefan Chidiac; un Puente Viejo monumental y muy funcional reliquia del siglo XIX, un caserón también de ese siglo de los guerreros de La Montaña bien plantado por lo tanto en la esquina del prócer Juan Francisco Lucas y  la calle 5 de Mayo, que las malas lenguas atribuyen también a los aludidos ánimos empresariales del alcalde, y unas grutas famosas como atractivo turístico justo donde está plantada y trabajando seis días a la semana, la asfaltadora, compañera, por supuesto, de la ruidosa quebradora, las dos plantas industriales que una tal contratista Aplicación de Ingeniería S.A. de C.V (supuesto nombre de la empresa depredadora del río) mantiene trabajando sin freno con la piedra que alegremente se roba del lecho del Zempoala.

 

El Puente Viejo y el Zempoala. Imagen tomada por el fotógrafo Juan Carlos Piña, toma del sitio Matador Network.

 

Los actores de la violencia contra el río

 

Los operadores de la maquinaria, los ingenieros que los mandan y los representantes de las contratistas que a manera de enclave operan cuando aparecen las licitaciones para rehabilitar la carretera; los funcionarios inspectores, supervisores y jefes en la SCT Centro Puebla, en la Secretaría de infraestructura, en la SEMARNAT, en la Comisión Nacional del Agua, en la PROFEPA, en la Secretaría de Medio Ambiente estatal, en la Secretaría de la Función Pública; los caciques locales propietarios de la tierra, funcionarios estatales nativos, alcaldes reelectos y recargados en la estela de algún cacique político estatal.

 

Las fallidas leyes

 

La cuenta es larga: la  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

 

Los defensores del río a golpe de oficios

 

Con la firma del grupo Serranos Unidos en Resistencia Indígena, incontables si se suman los del 2013-2014 y 2021-2022, y que culminan con el enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador apenas el viernes 21 de enero:

 

El grupo Serranos Unidos en resistencia Indígena y su carta a Andrés Manuel López Obrador.

 

Para entender la dimensión de la lucha por la aplicación de la ley que esta organizacion serrana ha realizado vale presentar en este PDF los dirigidos en los últimos seis meses a las autoridades federales: al presidente López Obrador el más reciente. Al secretario de Gobarnación Adán Augusto López Hérnández, a Olga Sánchez Cordero cuando ocupaba el cargo de Augusto López, a la que fuera secretaria de la SEMARNAT, María Luisa Albores, a la procuradora Blanca Alicia Mendoza, de la PROFEPA  a la secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Miguel Barbosa, Beatriz Manrique Guevara. e

El siguente documento contiene este conjunto de oficios girados a las autoridades ambientales mayores en México y Puebla, empezando con el presidente, y con su lectura se puede entender de lleno la importancia que la movilización civil por la vía de exigir la acción de Estado en defensa del medio ambiente que consignan como oblligación las leyes mexicanas.

 

Documentos del caso del Río Zempoala

 

La dimensión de la violencia contra el río

 

El río Zempoala es uno de los cuatro principales afluentes que desde la Sierra Norte de Puebla bajan hacia la planicie del golfo para nutrir la corriente que el Tecolutla descarga en el mar. Los ríos Necaxa, Ajajalpan, Zempoala y Apulco se reúnen en la región del Totonacapan, en las inmediaciones de la frontera entre Puebla y Veracruz, nutridos por innumerables cauces que se descuelgan de las montañas poblanas.

Vale el esfuerzo de contemplar el conjunto de una problemática, la de la industria extractiva y sus consecuencias para los ríos mexicanos, en particular para los de la Sierra de Puebla.

Empecemos por una perspectiva mundial. Según la CEPAL, la extracción mundial de materiales se triplicó en cuatro décadas, lo que agudiza el cambio climático y la contaminación atmosférica. Los países más ricos del mundo consumen en promedio 10 veces más materiales que los más pobres. El Informe del Panel Internacional de Recursos, IRP por sus siglas en inglés, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, afirma que “La cantidad de materias primas extraídas de la Tierra aumentó de 22 mil millones de toneladas en 1970 a la pasmosa cifra de 70 mil millones de toneladas en 2010. Para el año 2050 los nueve mil millones de personas del planeta necesitarán 180 mil millones de toneladas de materiales cada año para satisfacer la demanda.

 

Volumen en toneladas de la producción de agregados pétreos (grava y arena)

 

Eso se refleja en la actividad minera mexicana, tan solo en lo que se refiere a la producción de minerales no metálicos. El crecimiento es explosivo: si en el año 2015 el valor de la producción de minerales no metálicos alcanzó el monto de 196,416 millones de pesos, para el 2019 el número trepó a 578,513 millones. En una vista en detalle para el caso poblano, la producción de feldespato trepó de 159,3 toneladas a 516.1 toneladas en el 2018. Y la cifra que mejor ubica el problema en el río Zempoala es la de los 7 millones de toneladas de grava, que ubican a Puebla en el quinto lugar nacional.  (Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2019; Edición 2020)

 

Explotación minera en la región de Zacatlán. Más allá de las amenazas que significan los proyectos industriales mineros e hidroeléctricos sobre cada una de las cuencas de estos ríos, hay una minería vinculada a las industrias de la cerámica y la construcción, cada día más voraces en sus necesidades de la materia prima grava, arena y feldespato, entre otras. Google Earth.

 

Y una parte importante de esta actividad extractiva se concentra en el lecho de los ríos como el Zempoala. El Registro Público del Agua (REPDA), en su capítulo “Títulos con permisos de extracción de materiales pétreos” identifica 4,291 sitios de extracción en ríos del país y 94 para ríos del estado de Puebla: nueve de esos títulos son de uso “industrial”, 51 son de uso “servicios”, 33 son de uso “comercio”. REPDA nombra los arroyos, barrancas y ríos por su nombre y precisa el número de títulos para cada cauce.

Los arroyos El Tepetate, Jardines, Ayocuaque y Cocolotzi y El Aguila.

Las barrancas El Arenal, El Crucero, El Texmolar, Hueycuauitl, Huiyasale, Ixtapan, Ocotzingo, Rio Blanco, Tecoyuca, Texmolar, Ticoatl, Xalatla, Xoyapan, Xoyapan , Yoyotlali y Zotoltepec.

Los ríos Acuaco (dos), Apulco (dos), Atila (tres), Atimimilco, Atoyac (cuatro), Chila, Colotzingo (dos), Cuayecatla, Jardín, Mixteco, Nexapa (cinco), Pantepec (nueve), San Francisco, San Francisco Xochitiopan (cinco), San Marcos (dieciséis), Tlapaneco, Zapotitlán.

El Registro Público del Agua (REPDA), informa que estos 94 sitios de explotación tienen autorizados un total de 497,506.8 metros cubicos. Para visualizar mejor el significado de esta cifra, equivale a un total de 71,072 viajes de camiones de volteo de 7 metros cúbicos; si cada uno de esos camiones de volteo realiza 10 viajes por día, se necesitan entonces 19 años y medio para llevar a su destino ese medio millón de metros cúbicos de grava y arena.

 

Explotación de material pétreo en el lecho del río Pantepec, en el ejido de Carrizal Viejo. Google Earth.

 

Ninguno de esos títulos identifica un permiso de explotación de material pétreo para el río Zempoala.

Todos estos sitios de explotación minera en riberas y lechos de corrientes se realizan bajo condiciones técnico-mineras de explotación a tajo abierto dentro del espejo de agua principalmente con el uso de retroexcavadoras como las que se utilizan en el Zempoala; la pala de la máquina, al extraer los materiales bajo el agua trastoca los hábitats del río y no permite un adecuado control del nivel de excavación dejando superficies irregulares en el lecho.

 

Galería 2020 y 2021 de la explotación a tajo abierto en el lecho del río Zempoala, en Zapotitlán de Méndez

 

Las investigadoras Adriana Álvarez Andrade y Alicia Ravelo García, de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California, resumen las consecuencias de este tipo de actividad minera en una cuenca de ese estado fronrerizo: la extracción de arenas y gravas tiene un impacto en los niveles freáticos, la turbidez del agua, la biodiversidad, el paisaje y el clima; también hay consecuencias socioeconómicas, culturales e incluso políticas y no toman en cuenta las condiciones hidráulicas, geomorfológicas y de renovabilidad del recurso pétreo.

 

Resumen de las principales consecuencias de la extracción de agregados

 

Biodiversidad                              

Impactos en sitios de extracción y ecosistemas relacionados (flora y fauna riparia y del estero del río Tijuana)

Pérdidas de sedimentos                                   

Tanto en el interior como en la costa a través de la erosión

Función hidrológica                                    

Cambio en los flujos de agua, regulación de inundaciones y corrientes marinas

Suministro de agua                               

A través de la disminución del nivel freático y la contaminación

Infraestructuras                                               

Daños a puentes, terraplenes fluviales e infraestructuras costeras

Clima

                                                  

Directamente a través de las emisiones del transporte, indirectamente a través de la producción de cemento. Alteración del microclima por modificación del ciclo hidrológico.

Paisaje                                     

Erosión costera, cambios en estructuras deltaicas, canteras, contaminación de ríos

Eventos extremos                                         

Disminución de la protección contra eventos extremos (inundación, sequía, marejada ciclónica)

Fuente: Sobreexplotación de arenas y gravas afecta la disponibilidad de agua, investigación e Adriana Álvarez Andrade y Alicia Ravelo García, Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, UABC, en La Jornada.

 

No tenemos en Puebla una investigación sobre las consecuencias de la industria extractiva en los ríos poblanos, y ya vimos que la Comisión Nacional del Agua tiene registrados y con permiso de explotación de grava y arena en 94 sitios del estado.

Encuentro en el trabajo de investigación Afectaciones socioambientales por la extracción de material de arrastre en el río Coello, realizado por los ingenieros ambientales John Jairo Cespedes Castañeda y Juan Felipe Lopera Jara, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cundinamarca, una descripción de las actividades mineras en el río Coello en Colombia:

“En los ambientes ribereños la minería de materiales genera impactos negativos dentro de las dinámicas geométricas e hidráulicas ocasionando un desequilibrio entre los sedimentos transportados y la capacidad de carga de la corriente generando procesos erosivos aguas arriba y aguas abajo, a su vez la calidad del agua se ve afectada por la contaminación de origen físico por sedimentos, aumentando su turbidez.”

Y precisa:

“Toda excavación o extracción de materiales del lecho de un cauce constituye una modificación de la geometría del cauce (profundidad, pendiente, ancho) y una interrupción de la continuidad del transporte de sedimentos en el río, reafirmando que la minería, así se haga de la forma más responsable y sostenible, genera una serie de impactos negativos de magnitudes insospechadas.”

No existe una investigación de este tipo en Puebla. Pero una Manifestación de Impacto Ambiental debería contener las respuestas a los interrogantes propuestos por los investigadores colombianos:

 

Encuesta realizada dentro de la investigación Afectaciones socioambientales por la extracción de material de arrastre en el río Coello.

 

Lo que sí existe en el río Zempoala en su paso por Zapotitlán de Méndez es la explotación ilegal del lecho por una empresa minera ligada a la industria de la construcción.

Los pobladores del pueblo totonaco de Zapotitlán de Méndez, en el corazón de la Sierra Norte de Puebla, comprueban de cuando en cuando  la facilidad y la impunidad con la que se agrede Y destruye un río en Puebla. Su río, el Zempoala, que deriva en ratos sereno y a ratos rugiente entre la piedra milenaria rumbo a su confluencia kilómetros abajo con el río Apulco, ya en tierras veracruzanas, es víctima de la explotación desenfrenada de su cauce. Su río al que defienden igual por la vía de la acción directa –la toma de las instalaciones mineras, como lo hicieron en marzo de 2014— que por la vía legal con una sinfonía de oficios de denuncia que abruman sin miramientos a las autoridades responsables, quienes a fuerza del hartazgo al final se verán obligadas a cumplir con su obligación.

Su río, quién  lo dijera, una vez más ha sido violentado por la causa de utilidad pública.

 

La ruta del crimen ambiental

 

Lee también: Un gobernador en su laberinto: el cerco policiaco para enfrentar su desvarío UDLAP

 

Caminos aprendidos

 

Para cometer un crimen ambiental contra el río Zempoala hay caminos bien aprendidos y algunos ingredientes que nunca faltan: licitaciones de obra pública en carretera regional, contratistas sin escrúpulos y autoridades cómplices o simplemente inexistentes. Dos agresiones contra el cauce de este río en Zapotitlán de Méndez, que finalmente terminan en clausura, lo prueban.

La empresa Aplicación de Ingeniería S.A. de C.V., identificada con ese nombre por el grupo Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) por el dicho de uno de los ingenieros de la empresa, ha seguido el camino que trazara en el año 2014 otra empresa contratista, de nombre Tresecol –propiedad por cierto de un funcionario público en la SCT entonces, de nombre Josué Luis Baltazar, originario de Zapotitlán, funcionario de la Secretaría de Infraestructura del gobierno de Miguel Barbosa y vinculado por la propia Secretaría de la Función Pública (El Universal, 2/10/2019) en un posible desvío de 120 millones de pesos realizado durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido--, y ha extraído de manera ilegal desde el año 2020 los pedregones del cauce del río a su paso por Zapotitlán para producir la grava que se utiliza para una eterna obra de rehabilitación de la más escarpada carretera poblana, la Interserrana Zacatlán-Zacapoaxtla.

 

Camino de acceso sin sellos, en un hecho comprobado por la inspectora de PROFEPA (en la imagen) el 9 de noviembre de 2021. Foto propiedad de SURI.

 

Para hacerlo, la contratista ha violado los sellos de clausura impuestos por la Comisión Nacional del Agua en junio de 2014 en el mismo sitio a Tresecol, ha construido caminos y devastado la ribera para el acceso y maniobras de la maquinaria de extracción y trituración, y ha represado el cauce para poder realizar los trabajos de extracción.

Todo lo hecho tipifica como delitos ambientales. Ni en el 2014 ni ahora en el 2021 hay detenidos y procesados y sancionados.

Pero como ocurriera en el 2014 con Tresecol, los contratistas han topado con la misma piedra del descontento popular: la movilización de los pobladores de Zapotitlán y la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), el grupo que a través de insistentes denuncias ante la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional del Agua y la misma PROFEPA, obligó a las autoridades a realizar la clausura del sitio el 11 de enero pasado.  

 

Las clausuras sin consecuencias

 

La mecánica con la que se produce y la repetición del mismo es lo que es fundamental describir. Los inspectores de CONAGUA en el junio de 2014 y de PROFEPA en enero de 2022 sorprenden a un grupo de trabajadores en la acción de extraer con retroexcavadoras y camones de volteo material pétreo en el sito denunciado, identificado por ellos con varias semanas de anticipación precisamente por las denuncias realizadas por personas y grupos de la sociedad civil. No se exibe permiso alguno de parte de la Comisión Nacional del Agua. Se clausura el acceso al sito de extracción, pero se le permite a la empresa sacar la maquinaria; no se detiene a ninguna de las personas sorprendidas cometiendo el delito. Tampoco se clausuran las plantas quebradora y asfaltadora ni se incauta maquinaria y material pétreo con el argumento de que no es posible asegurar que el material existente en ellas proviene del sitio de extracción. Se niega, por útlimo, a los denunciantes, cualquier información relacionada con el hecho: nombre de la empresa, sus directivos y propietarios responsables, ni las razones precisas de la clausura como la ausencia de  permisos federales, estatales y municipales ni la más mínima idea del destino del despojo pétreo del río. 

No es la primera vez que ocurre.

 

La clausura el 4 de junio de 2014

 

En los años 2013 y 2014 Tresecol, con la misma mecánica de trabajo, extrajo ilegalmente la piedra y provocó la movilización popular que tomó las instalaciones de la quebradora y la asfaltadora, lo que derivó en la clausura del sitio y el cierre de las plantas. El gobierno federal y SURI firmaron un convenio y el compromiso de las autoridades de que esto no se repetiría.

 

La clausura en enero de 2022

 

Antes de cada clausura, meses y meses de extracción indiscriminada de la piedra, la afectación impune del cauce y la producción sin costo de la materia prima.

 

La inspección por PROFEPA en noviembre de 2021

 

La PROFEPA tardó dos meses en realizar la clausura. Tenía, sin embargo, una idea precisa de lo que ocurría tras la "Visita de Observación" realizada el 9 de noviembre del 2021. Una serie fotográfica tomada el día de la visita de inspección en el sitio de extracción en el río Zempoala da una idea de lo ocurrido a lo largo del año y desde que iniciaran los trabajos de rehabilitación de la Interserrana.

 

Imágenes de la visita de observación realizdada por una funcionaria de Profepa el 9 de noviembre de 2021.

 

La mecánica del crimen

 

La justificación de la obra pública. En el portal de transparecia se encuentra el registro de una serie de licitaciones para una nueva rehabilitación de la Carretera Interserrana en su tramo Zacatlán-Zapotitlán de Méndez, pero todas se refieren a los tramos carreteros existentes entere Zacatlan y la cabecera municipal de Ahuacatlán. Es una licitación más entre las decenas y decenas de licitaciones que con recursos federales y/o estatales se producen cada año. Una investigación breve en el portal de Transparencia del gobierno del estado identifica al menos cinco obras de rehabilitación en los últimos quince años, huracanes y tormentas tropicales de por medio. Sin embargo, no fue posible encontrar las licitaciones correspondientes a la obra de rehabilitación del tramo Tepango-Zapotitlán

Y para prueba la de este 2021:

 

La aparición de los contratistas. En el 2014 la beneficiada fue una empresa de nombre Trasecol, representada entonces por el hermano de Josué Luis Baltazar, funcionario de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Rafael Moreno Valle, según denunciara  la organización SURI ese año. Este personaje, como dijimos arriba reaparecerá años después como funcionario del gobierno de Miguel Barbosa Huerta en la Secretaría de Infraestructura como Director de Conservación y se le vinculará con actos de corrupción en el interinato de Guillermo Pacheco Pulido investigados por la Secreraría de la Función Pública. (El Universal, 2/10/2019). Este personaje vuelve a aparecer en la coyuntura del 2022 por el vinculo que tiene con el actual supervisor por parte de la Secretaría de Infraestructura del gobienro del estado en la obra de rehabilitación Tepango-Zapotitlán, Perfecto Luis Nieto, su sobrino.

En el 2021, hasta donde ha sido posible averiguar por los vecinos organizados en SURI, la empresa contratista es Aplicación de Ingeniería S.A. de C.V. , que opera la quebradora-trituradora plantada en un baldío propiedad del Ayuntamiento de Zapotitlán cercano al río con entrada por la carretera que lleva vía Nanacantlán y Tuxtla a la cabecera municipal de Ixtepec, por supuesto con el añadido de la instalación de la planta asfaltadora a un lado de la entrada de las famosas Grutas existentes en este pueblo totonaco. Sin embargo, con tal nombre no existe registro accesible en Transparencia ligado a licitaciones y adjudicaciones carreteras, ni permisos fundados en Manifestacion de Impacto Ambiental aprobada por SEMARNAT, ni autorizacciones de bancos de piedra de rio en el Registro Público del Agua de la Comisión Nacional del Agua. 

Con esos ingredientes, lo que sigue es la nueva extracción ilegal de piedra en el cauce del río Zempoala  para la producción de grava. Hasta el día de hoy, no ha sido posible acceder a la documentación que confirme si existen los permisos de uso de suelo, de construcción y operación que de manera obligatoria tiene que otorgar el Ayuntamiento, previa autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del gobierno de Puebla. "Haga su solicitud en el portal de Transparencia", le dijeron a este reportero el viernes 21 de enero.

La Profepa Puebla, a través del responsable de Recursos Naturales, oficina que tuvo a cargo la clausura del 11 de enero del 2022, se negó a proporcionar a este reportero la información contenida en el oficio Folio PFPA/27.3/2C.27.5/0001/2022 ("Haga su solicitud vía correo electrónico en Oficinas Centrales").

Ambas dependencias alegaron para su negativa la defensa de la privacidad de los representantes de la empresa responsable del saqueo del lecho del río.

Pero una vista aérea permite identificar claramente la localización tanto del sitio de extracción clausurado, como le las plantas quebradora y asfaltadora.

 

Una investigación telefónica simple permite visualizar la dimensión de este negocio y el ahorro que la explotación ilegal de material pétreo en un río les significa a las empresas contratistas. La empresa Triturados Las Derrumbadas, una de las comercializadoras de piedra más importantes del estado de Puebla, vende el metro cúbico de piedra de 3/4  a 90 pesos y la de 3/8 a 120 pesos y cobra por el transporte del material 2.70 pesos el metro cúbico/kilómetro. en camiones que van de los 7 metros cúbicos a los denminados full de 50-60 metros cúbicos.

Las empresas contratistas de obra carretera con adjudicaciones de gobierno tienen que someterse a las condiciones que se establecen en las licitaciones, y éstas se fundan en el llamado Catálogo de Precios Unitarios, que fija los precios de todos los costos en los que se incurre en una rehabilitación como la que de tiempo en tiempo ocurre en la Carretera Interserrana. Más allá de las condiciones de dichas licitaciones y de la mecánica gansteril conocida con la que se adjudica la obra pública en Puebla, las empresas contratistas en la Carretera Interserrana adquieren el material con una empresa que tritura y asfalta con materia prima robada del río.

 

La ruta de  la resistencia legal

 

Converso con uno de los integrantes de Serranos Unidos en Resistencia Indígena sobre todo este proceso.

 

Mundo Nuestro: ¿Qué ocurrió el día de la clausura?

SURI: El martes 11 de enero, funcionarios de la PROFEPA llevan a cabo la visita de inspección, llegan entre las 2 y las 3 de la tarde. Se dirigen a la parte del río en donde actualmente extraen material pétreo y comprueban que están trabajando. El personal de la empresa opera una retroexcavadora con la que llenan de piedra los volteos. Se enfrascan en una discusión, pero ya no junto al río sino a la entrada del terreno de la quebradorta, sobre la carretera Zapotitlán de Méndez-Nanacatlán. Los ingenieros de la empresa se llaman entre ellos, y uno de ellos, todo indica que es el encargado de la obra de pavimentación de la carretera Interserrana en su tramo Zapotitlán de Mández-Tepango de Rodríguez, de nombre Francisco “N”, le avisan  que se encontraba personal de PROFEPA y él les ordena que sacaran toda la maquinaria y los carros. Los de la empresa bajan entonees al río y el personal de PROFEPA permanece arriba. La empresa saca su maquinaria y los volteos se retiran. Baja el personal de inspección y clausuran la entrada del río. No clausuran sus módulos de trituración que se ubican en un terreno del Ayuntamiento, cerca del Hospital Integral ni la asfaltadora instalada  a un costado de la entrada de Las Grutas, en un  terreno propiedad del señor Ernesto Manzano Posadas. El argumento de PROFEPA: ¡que no les consta que el material utilizado sea extraído del río Zempoala! Cuando en la visita de Observación en noviembre y ahora en la de Inspección con sus propios ojos vieron a dónde se dirigen los camiones de volteo a dejar las piedras, y es más, toda la comunidad indígena sabe de este hecho.

 

Mundo Nuestro: ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Cómo es la operación de esta empresa en Zapotitlán?

SURI: Desde el año de 2020 se observa la extracción de material pétreo en el río Zempoala. Los carros de volteo transportan dicho material hasta el predio localizado frente al Hospital Integral de la cabecera de Zapotitlán de Méndez. Empezaron por el Puente Nuevo, y actualmente  se lleva a cabo  en lugares conocidos como “La poza de San Juan” y “El Arenal”. Para llegar a estos lugares violaron los sellos colocados por la Comisión Nacional del Agua en junio de 2014, en el terreno que se localiza en la Carretera Zapotitlán-Nanacatlan cuyo propietario había permitido a la empresa Trasecol S.A. de C.V. abrir una brecha que llegaba al Río. Esta se amplía hasta “El Arenal” y tienen planeado seguir  por todo el margen del río hasta el lugar llamado “La Poza Escondida”.

 

Mundo Nuestro: Es decir, que lo que ha ocurrido ahora también ocurrió en el 2014…

SURI: Así es. Nada más cambia el nombre de la empresa. En el 2014 fue la empresa Traesecol S.A. de C.V. tenía  sus instalaciones de quiebra de piedra y  producción de asfalto con el material pétreo extraído del río y que el SURI determinó clausurar tomando las instalaciones. Posteriormente, la Policía Estatal, con armas de alto poder, una tarde hace acto de presencia, pero se retiran  ante la llegada de los miembros de la organización. Ese mismo día, se manda fotografías al arquitecto Jaime Martínez Veloz, entabla comunicación telefónica con el entonces Secretario General de Gobierno de Puebla, Luis Maldonado Venegas, quien afirmó que no había enviado cuerpo policiaco alguno a quitar las mantas colocadas a la entrada del predio. Al siguiente día, muy temprano, regresa la policía estatal,  quita las mantas y empieza a operar la maquinaria. El dueño del predio, de nombre Ernesto Manzano Posadas, lo adquiere por Juicio de Usucapión; son tierras indígenas que su abuelo materno, Miguel Manzano, Jefe de Armas en tiempos de la Revolución,  se apropia ilegalmente, así como de muchas otras fracciones en otras partes de la comunidad, legalizadas ahora por los nietos de dicha persona mediante Juicios de Usucapión. Ahora, en el predio, en donde almacenan el material y su trituración, es del Ayuntamiento, mismo que compra al señor Manzano Posadas.

Mundo Nuestro: Es así que en el 2014 se clausura la extracción, pero ahora se repite de la misma forma:

SURI: El año pasado,  un ingeniero se queja con un vecino de la intervención del Presidente Municipal de Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vázquez Bonilla.  Confía que lo amenazaba con clausurar los trabajos, pero también confiesa  que le da dinero a dicha autoridad municipal para dejarlo trabajar. El argumento es que dicho material pétreo va a ser utilizado en la rehabilitación del tramo de la Carretera Interserrana, en su tramo,  Zapotitlán de Méndez- Tepango de Rodríguez. Este compromiso lo adquiere, en 2015,  Andrés Manuel López Obrador en uno de sus recorridos por la zona, precisamente cuando circulaba por dicha carretera y observó sus pésimas condiciones, así como saluda, en la comunidad de Kaltuchoco,  a un indígena tutunakú y a  su hijo  rellenando  hoyos para ganarse  unos cuantos pesos que los conductores tienen a bien proporcionarle. Esto ocurre de cuando en cuando en la interserrana. Hace unas semanas se inicia la  rehabilitación a cargo del Gobierno de Puebla, misma que ejecuta la obra con una empresa que se la adjudica.

 

Mundo Nuestro: ¿Se conoce el nombre de la empresa y su propietario?

 SURI: No lo sabemos bien, y ya se lo hemos exigido a la autoridad estatal. De acuerdo a la versión del Ing. Francisco Javier Báez, entrevistado el jueves 13 de enero por compañeras del SURI y que se encontraba en el módulo de la quebradora, es la empresa Aplicación de Ingeniería S.A. de C.V. Desde 2020 el material pétreo extraído del río se comercializa, pero ignoramos quien realiza la venta. Lo que ss verificable es la extracción-almacenamiento-trituración en los predios señalados. En este año intensificaron la extracción: tienen maquinaria, carros de volteo, trituradora, personal que resguarda los equipos, halcones con equipo de radiocomunicación reportan presencia de personas extrañas en las partes  que trabajan y circulan,  e incluso,  en agosto pasado detectamos la presencia de la Policía Estatal del Gobierno de Puebla, como es la patrulla Número 1250 en la entrada ubicada en la Carretera Zapotitlán de Méndez-Nanacatlán, precisamente en el lugar en donde la CONAGUA había colocado los sellos de clausura en el 2014.

 

Mundo Nuestro: A todo esto, ¿qué dice la autoridad municipal?

SURI: Los vecinos señalan al presidente municipal de Zapotitlán de Méndez como el propietario de la maquinaria pesada, pero no se tiene certeza alguna. También es verificable si existe el cambio de uso de suelo y el permiso de construcción, que sólo pudo darlos de haber autorizado la Comisión Nacional del Agua la Concesión de extracción de material pétreo y la SEMARNAT aprobado la Manifestación de Impacto Ambiental, y lo mismo el hecho de la falta de Consulta Indígena Libre, Previa e Informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo que en sí sería  una violación en que hayan incurrido dichas Entidades.

 

Mundo Nuestro: ¿Qué le exigen al gobierno federal? ¿Qué esperan de las autoridades?

SURI: Es necesaria la intervención del Gobierno Federal para esclarecer la situación y emprender acciones legales, en principio, clausurando inmediatamente  las entradas al río Zempoala y el lugar de almacenamiento-trituración y transformación en asfalto del material  pétreo. Se tiene que identificar al autor o autores intelectuales y materiales del despojo de los recursos naturales de nuestra comunidad indígena. Para lograrlo el gobierno tiene que ejercer y aplicar las facultades que tienen las Dependencias y Entidades Federales. El Ayuntamiento no tiene facultad alguna en dicha materia, al contrario, de encontrar elementos probatorios del actuar ilegal  de la autoridad municipal, obrar en consecuencia.

 

Mundo Nuestro: ¿Cómo han denunciado todo esto ante las autoridades?

SURI: En eso sí que no paramos. Te vamos a leer una relación con todo lo que hemos hecho para exigir la actuación de la autoridad:

En julio del 2021 entregamos oficio a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal solicitando su intervención ante el nuevo saqueo delrío Zempoala.

El 26 de julio, vía electrónica, solicitamos la intervención de María Luisa Albores, Titular de SEMARNAT ante la intensificación del saqueo, y recibimos oficios de su área de Atención Ciudadana en donde nos informan que giraron oficios a PROFEPA y CONAGUA.

En septiembre recibimos oficios, tanto de PROFEPA como de CONAGUA.

El 13 de octubre PROFEPA-PUEBLA emitió un Acuerdo de Prevención. Ante sus requerimientos nosotros nos inconformamos y nos reunimos el 5 de noviembre, en oficinas centrales de PROFEPA  en la Ciudad de México, y acordamos que se realizaría una Visita de Observación, previa a la Visita de Inspección. Este se llevó a  cabo el 9 de noviembre, y ahí están las fotografías que lo comprueban.

El 21 de octubre enviamos un oficio SURI/0051/00 a la Titular de la PROFEPA, con copias al Secretario de Gobernación, a la Secretaría de Recursos Naturales y Protección del Ambiente y a la IV Visitaduría de la CNDH.

En días recientes, la IV Visitaduría nos mandó copias de conocimiento de sus oficios girados a SEMARNAT y CONAGUA.

En ese lapso, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, envía varios oficios a la SEMARNAT.

Y por igual, mandamos sendos oficios al Ing. Germán Arturo Martínez Santiago, Director General de CONAGUA solicitando su intervención ante la inexistencia de Concesión para extraer material pétreo.

El 21 de diciembre de 2021giramos el oficio SURI/0065/21 al Secretario de Gobernación en donde le externamos nuestra molestia sobre el proceder de funcionarios de la PROFEPA y le pedimos coordinar acciones en base a sus facultades.

El día 11 de enero finalmente hicieron la visita de inspección y clausuraron el sitio de extracción, pero no cerraron la quebradora ni la asfaltadora.

El 18 de enero la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos envía oficio de respuesta a nuestra demanda ante ella y nos dice que han planteado a la PROFEPA y CONAGUA, y cito, “que deberán no sólo adoptar las medidas de investigación, sanción o reparación pertinentes, sino entablar comunicación con el colectivo Serranos Unidos en Resistencia Indígena.

 

La ruta del cacique

 

Obligación y derecho de los municipios es el otorgamiento de cambio de uso de suelo y licencia de construcción.  El ayuntamiento, como bien lo hace el gobierno del estado, se lava las manos en el caso de la extracción ilegal de piedra del río. Pero no puede desatenderser de lo que ocurre con las plantas industriales instaladas para producir grava y asfalto. Ambas plantas existentes en Zapotitlán, la quebradora y la asfaltadora, no pueden operar legalmente sin esos permisos. Pero un ayuntamiento está obligado a exigir la Manifestación de Impacto Ambiental para una industria que realiza tales operaciones: ruido y comtaminación. El gobierno de estado no ha respondido a la solicitud de información que le grupo SURI ha hecho sobre la MIA. Ni mucho menos lo ha hecho el Ayuntamiento.

Si el comportamiento de las empresas constructoras repite el antiguo modelo el enclave, la figura del presidente municipal Emiliano Vázquez Bonilla, reelecto en la elección del 2021, es un expolicía municipal cobijado en el respaldo que obtiene del priista Jorge Estefan Chidiac, y por su comportamiento despótico es el fiel retrato del cacique tradicional que se construye desde el poder público, el mínimo que le puede dar una alcaldía a un político local, pero sin duda el poder.  

Y es a este personaje al que se enfrentan las ciudadanas y ciudadanos de Zapotitlán cuando se movilizan contra la explotación ilegal de su río.

 

El alcalde de Zapotitllán, Emiliano Vázques Bonilla, en el festejo de los Sanos Reyes.Foto de Facebook.

 

A manera de cierre

Esta historia de la depredación de un río ha tenido como actor principal en su defensa la movilización de la sociedad civil. De no haber ocurrido, ahora mismo continuaría el saqueo vil de la riqueza del Zempoala. Los gobiernos en Puebla, cuando se movlizan lo hacen por la demanda de intervención por parte de personas y grupos organizados. Por eso la importancia de la movilización de Serranos Unidos en Resistencia Indígena.

La clausura del sitio de extracción ilegal de piedra en el cauce del río Zempoala en Zapotitlán no es el fin de la historia. Sí lo fue en el 2014, cuando a la clausura le siguió el cierre de las operacioones de las plantas quebradora y asfaltadora. Los reclamos insistentes del grupo Serranos Unidos en Resistencia Indígena obligaron finalmente a la acción de la autoridad ambiental, pero tal acción ha dejado las puertas abiertas para la repetición de este proceso depredatorio de uno de los ríos más importantes de nuestro estado, amenazado de suyo por otros proyectos industriales minereos e hidroeléctricos. Está en  la mano de los gobiernos federal y estatal una acción de fondo que cumpla con la ley: someter a la acción de la justicia penal a los responsables, como lo establece el Código Penal Federal para los delitos ambientales; reparar el daño cometido en el río a partir de recomendaciones técnicas y cientíicas que funden un verdadero reordenamiento del territorio; investigar a fondo la actuación de las autoridades ambientales cuya inacción ha permitido que se repita y alargue durante meses un crimen ambiental; y reconocer en este proceso la urgencia de respetar los derechos de los pueblos indígenas en la defensa de su territorio.