El día de hoy Minera Gorrión (MG) emitió un comunicado por redes sociales a través del cual se posiciona sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca del desarrollo del proyecto minero en la Sierra Norte de Puebla, que por un lado confirma la constitucionalidad de la Ley Minera, pero por otro, considera que la Secretaría de Economía, antes de haber otorgado los títulos de concesión a MG, debió haber llevado a cabo un procedimiento de consulta con comunidades indígenas relevantes.

MG manifiesta que revisará la sentencia definitiva cuando le sea notificada e interactuará con las instancias gubernamentales y con representantes de las comunidades locales para tener un mejor entendimiento acerca de sus posibles alcances sobre sus títulos de concesión minera.

Y es que en el municipio de Ixtacamaxtitlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, el proyecto para la construcción de una mina para la extracción de oro y plata por parte de la firma Gorrión, filial de la firma canadiense Almaden, la población está dividida.

Por un lado, los representantes del ejido Tecoltemic fueron quienes interpusieron el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el proyecto minero porque no fueron consultados en su momento; mientras que una representación de las comunidades de Iliyucan, Santa María Zotoltepec y San Francisco, acudieron este martes 15 de febrero a entregar una carta firmada por 400 pobladores en el que solicitan a los ministros que permitan el desarrollo del proyecto.

Es relevante mencionar que el ejido Tecoltemic presentó desde 2015 un amparo solicitando la nulidad de dos concesiones para que la Minera Gorrión desarrolle el Proyecto Ixtaca con el argumento de que se otorgaron violando el derecho de acceso preferente a los recursos naturales y sin que se realizara la consulta previa, libre e informada.

Por su parte, los pobladores de Zacatepec, la comunidad más cercana al proyecto minero, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar una carta dirigida a los ministros y exponer lo que consideran ha sido una violación a la autodeterminación porque nunca han sido escuchados por estar a favor de la mina.

El grupo de vecinos reprocharon la invisibilización de la que han sido objeto durante años, además de acusar la creación de “organizaciones que dicen agrupar a nuestras comunidades, pero las cuales, están acompañadas por supuestas organizaciones externas defensoras de derechos humanos”.

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Daniel Santamaría, vicepresidente de MG, ha comentado que la posible revocación de las concesiones por parte de la SCJN para desarrollar el proyecto de mina Ixtaca en Ixtacamaxtitlán, podría desalentar la llegada de nuevas inversiones a la entidad y al país; además, sentará un precedente negativo porque, a pesar del trabajo de dos décadas, las reglas pueden cambiar para las empresas en cualquier momento.

Por otra parte, el desarrollo de una mina en la Sierra Norte de Puebla generaría un impulso económico porque se realizará una inversión inicial para la construcción y preparación de sitio de más de 174 millones de dólares; además, durante la vida útil se invertirían más de mil 100 millones de dóalres.

“La mina sería la única empresa en Ixtacamaxtitlán, a 30 kilómetros está la Ciudad Industrial Xicohténcatl, en la zona de transición con Tlaxcala. El proyecto contempla la generación más de 600 empleos para la construcción y 420 para la operación. En la zona, se reactivaría la economía con comercio, hostelería, hospedaje”, apuntó.

“El problema no es hacer o no una consulta. Más bien, el asunto es ¿cuándo? Uno de cada mil proyectos de exploración se convierte en mina. Luego, ¿sobre qué se va a consultar al otorgar una concesión si no se tiene certeza de que se pueda desarrollar una mina? No se puede definir el posible impacto de un proyecto que no existe”, añade Santamaría.