Kara Castillo, reportera poblana con al menos 15 años de experiencia, fue despedida del portal de noticias El Ciudadano a sólo cuatro días que publicara la nota sobre las dos escuelas que instaló desde 2019 el Conafe en el interior del rancho San Miguel Tepequexpa, propiedad del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Señaló que sabía que al publicar corría el riesgo de ser despedida de El Ciudadano pues los directivos de ese medio ya le habían advertido que, si su nota incomodaba al gobernador, se quedaría sin trabajo.

Aunque la comunicadora reconoció que no tiene evidencia de que desde el gobierno estatal se haya pedido su despido, es inconstitucional que un medio le imponga una censura a su labor como periodista y se le condene a limitar el derecho de información que tiene la ciudadanía.

Denunció que, tras publicar la nota el 23 de septiembre, fue citada el día 27 en las oficinas del portal noticioso donde le pidieron que firmara una renuncia voluntaria en la que aceptaba tener la responsabilidad por incumplir con la exclusividad, a pesar de que, aseguró, nunca se firmó un contrato en ese sentido.

Al rechazar firmar esa “renuncia” y alegar que realmente era un despido, la empresa le ha retenido el salario de la quincena que ya trabajó, en clara violación a sus derechos laborales.

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El rancho de Miguel Barbosa

En una nota firmada por Castillo y publicada en el portal e-consulta, se da cuenta de la ilegalidad de estas escuelas ubicadas en una propiedad privada en el municipio de Zoquitlán, las cuales han servido para que los hijos de los trabajadores de la hacienda del gobernador Miguel Barbosa, puedan tomar clases sin salir de la propiedad.

La nota causó revuelo en la entidad pues puso en evidencia un posible tráfico de influencias por parte del mandatario poblano ya que las escuelas del Conafe, que se supone atiende a zonas de alta marginalidad, empezaron a operar en el interior de su rancho, para atender a los hijos de sus trabajadores en 2019, ya cuando Barbosa era gobernador.

Además, la investigación firmada por Castillo dio cuenta del injusto despido del maestro indígena Erasmo Trujillo Valderrama, quien en ese entonces cuestionó ante sus superiores de la Secretaría de Educación de Puebla (SEP) sobre la regularidad de esos centros comunitarios, una primaria y un preescolar, pues a 250 metros había en operación otras escuelas que en ese ciclo escolar redujeron su matrícula.

Con información de Proceso