El Gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sin mencionar nombres, pidió a la alcaldesa de Izúcar de Matamoros no mezclar el caso de la agresión contra la periodista Natalie Hoyos con la supuesta persecución que acusa tiene por parte de Melitón Lozano.

Hizo énfasis en que si hay alguna responsabilidad la tienen que asumir quien le corresponda:

"Hay que tener muy claro cuáles han sido todos los antecedentes de lo que ha pasado en Izúcar y no mezclar una cosa con la otra" aclaró el gobernador.

La corresponsal en la región de la Mixteca del medio "Enlace Noticias" junto con miembros del colectivo feminista "Marea Púrpura" denunciaron agresiones físicas y sexuales en su contra por parte de autoridades del municipio de Izúcar de Matamoros.

El mandatario aseguró que este caso ya está siendo investigado conforme a lo que se establece y que se llegará hasta las últimas consecuencias.

Lee también: CDH Puebla emite medidas a edil de Izúcar por vulnerar derechos humanos de periodistas

Fue el pasado 10 de marzo, cuando un grupo de elementos municipales del municipio de Izúcar de Matamoros violentaron a la reportera junto con su hermana menor de edad y tres integrantes de la colectiva Marea Púrpura.

Tras lo ocurrido, la organización Article 19 condenó los hechos contra las periodistas y exigió al Ayuntamiento de dicho municipio tomara acciones en pro de la justicia de las violentadas.

Este martes la alcaldesa de Izúcar de Matamoros declaró que colaborará con las investigaciones de la Fiscalía, pero admitió que los 15 elementos policiales continúan trabajando en la institución municipal.

El mismo día el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, dijo que en su dependencia no se van a tolerar los abusos policiales cometidos por elementos de esa demarcación.

Más tarde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), emitió medidas cautelares a la Presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres para que el personal en el ejercicio de sus funciones se abstenga de realizar actos que atenten en contra de la vida, dignidad e integridad física o psicológica de las periodistas agredidas el pasado 10 de marzo.