Juzgado para la obra estrella de Tlatehui; la ampliación de la Radial a Cacalotepec

Jueces federales consideran que pueblos originarios de Cholula tienen derecho a la libre determinación sobre su territorio y no fueron consultados

Juzgado para la obra estrella de Tlatehui; la ampliación de la Radial a Cacalotepec
Freddy Angón Juzgado para la obra estrella de Tlatehui; la ampliación de la Radial a Cacalotepec

Juzgado federal ordena suspensión inmediata de la ampliación de la Radial a Cacalotepec, al ser reclamados los derechos a la libre determinación de las comunidades originarias cholultecas sobre el territorio donde se pretende ejecutar la obra de mayor impacto del edil Edmundo Tlatehui.

La organización Cholultecas Unidxs en Resistencia sostuvo que desde el inicio de obra, el 24 de enero de 2024, Tlatehui sabía que no podía iniciar los trabajos de ampliación de la vialidad por una suspensión de un juez federal, sin embargo, no le importó y comenzó a marchas forzadas la vialidad que conecta la 9 Oriente en la cabecera municipal, hasta la carretera federal Puebla-Atlixco, que será una ampliación del Camino Real a Cacalotepec, su “obra estrella”

Aunque existía el juicio de amparo 2199/2023 y suspensiones definitivas otorgadas por jueces federales a los pueblos originarios afectados por la vialidad y al ordenamiento territorial, Tletehui insistió en spots y medios de comunicación la obra con la que culminará su gestión

A pesar de tener plena conciencia y conocimiento del juicio de amparo y las suspensiones de obra, integrantes del Ayuntamiento siguieron adelante en el plan de ordenamiento municipal, por lo que la comunidad de San Rafael Comac le exhibió con un proceso en los juzgados y después de pruebas y una inspección judicial, ahora el Juez dio el plazo de 24 horas al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Secretaría de Infraestructura y de Desarrollo Urbano para detener la construcción de la vialidad, hasta que se resuelva el amparo de manera definitiva.

Nosotros decidimos en nuestro territorio

En una rueda de prensa celebrada en la esquina de Federal Atlixco y Radial a Cacalotepec, la organización de los pueblos originarios desplegó una manta que rezaba “El Ayuntamiento quiere impulsar un proyecto de Desarrollo Urbano para favorecer a las inmobiliarias, pero los pueblos tenemos el derecho constitucional de decidir sobre nuestro territorio”.

Esta vez anunciaron que el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ordenó la suspensión inmediata de los trabajos de ampliación de la Radial a Cacalotepec. “Queda demostrado que la obra que presumió al final de su mandato, Edmundo Tlatehui, era una imposición y un acto ilegal, cuya prisa en ejecutarla fue para agradar al sector inmobiliario con fines electorales”

“Los pueblos no estamos en contra de que se adoquine la calle, ni de que se hagan banquetas adecuadas y ciclovías, con lo que estamos en desacuerdo es con que se convierta en un boulevard de 4 carriles y se vuelva una vía de alta velocidad. Tampoco estamos en contra de la obra pública, al contrario, los pueblos necesitamos de esta para un mejor crecimiento y armonía entre la gente, lo que buscamos y estamos pidiendo al presidente municipal es una planeación que permita un desarrollo sostenible, que proteja la naturaleza, la actividad agrícola, la cultura, usos, costumbres y tradiciones de nuestros pueblos, para el bienestar de todos los san andreseños y nuestras futuras generaciones”, sostuvieron frente los trabajos de la vialidad, ahora detenidos.

Informaron que en Asamblea Comunitaria los pueblos decidieron que las vialidades no deberían tener un ancho mayor de 14 metros, porque vialidades más anchas atraen desarrollos inmobiliarios y la especulación de la tierra dentro de los pueblos, causando el alza de impuestos, el desplazamiento silencioso y el despojo de terrenos por el sector inmobiliario, con compras forzadas, juicios amañados.

“Si el Ayuntamiento creía necesario, para esta vialidad un ancho mayor de 14 metros, tenía que haberlo sometido a consulta de las comunidades y si la Asamblea lo aprobaba, se podría cambiar el ancho de la vialidad. Sin embargo, el Ayuntamiento nunca quiso acercarse, ni informar, ni dialogar con la Asamblea de los pueblos”, señalaron.

En cambio generó decretos expropiatorios para pagar a precio catastral hasta con montos que van desde los 24 pesos a los 1 mil 300 pesos el metro cuadrado. “Un decreto expropiatorio significa pérdida de territorio de pueblos originarios, lo que implica que entonces deben ser consultados y obtenido previamente su consentimiento, así como, en su caso, reemplazar con igual número de tierras en las mismas condiciones que las pérdidas o pagar una indemnización justa por ello, situación que no aconteció”.

“El gobierno de Tlatehui y todos los gobiernos que se encuentran en territorio indígena y cholulteca deben entender que, como pueblos originarios, tenemos el inalienable derecho a decidir el destino de nuestro territorio. Ignorando los derechos de los pueblos y dando la espalda al dialogo serio y público, la administración saliente y la entrante poco podrán concretar de sus proyectos si no toman en cuenta las Estrategias de los Pueblos Originarios para la Planeación de su Territorio”

Expresaron que a escasas 2 semanas de celebrarse las elecciones, candidatos y candidatas no han dado o revelado su opinión sobre la inclusión de las Estrategias de los Pueblos Originarios en el Programa de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula.

“ Tlatehui estuvo 3 años en el poder y no se pudo concretar el Programa por su actitud doble-cara y tendiente a favorecer los intereses inmobiliarios por encima de los derechos de los pueblos”

Consideraron que el paro de esta obra, como las reparaciones del daño causado a los pueblos de Tonantzintla y Tlaxcalancingo por obras impuestas, son cada vez, ejemplos más constantes que indican la obligación de los gobiernos a reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios.

Activistas señalaron que el presidente Edmundo Tlatehui Percino, la Síndico municipal Felisa Jaramillo Romero, el Secretario de Desarrollo Urbano Eduardo Martínez González y el Secretario de Infraestructura Miguel Ángel Macip Molin, podrían enfrentar penas de 3 a 9 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, de continuar con la obra que cuenta con una orden de suspensión.