Voz de los Desaparecidos pide destitución de funcionarios por criminalización

El Colectivo Voz de los Desaparecidos solicitó la destitución de Enrique Rivera, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, y de Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación, después de que este último minimizara y criminalizara la labor de las madres buscadoras en Puebla.

Integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos se manifestaron pacíficamente y emitieron un pronunciamiento ante los comentarios realizados por Samuel Aguilar Pala, quien se refirió a las madres buscadoras como “señoras inconformes”. La reacción del colectivo subraya la indignación y el dolor de las familias afectadas por la desaparición de sus seres queridos.

Exigen destitución de los responsables

La vocera del colectivo, María Luisa Núñez Barojas, exigió la destitución de Samuel Aguilar Pala y de Enrique Rivera Reyes, el nuevo comisionado de búsqueda, señalando su ineficiencia en el manejo de las políticas de búsqueda y atención a las víctimas de desaparición en Puebla.

“Gobernador Alejandro Armenta, en tu carácter de máximo mandatario y bajo los principios que tanto pregonan de la 4T, de que el pueblo manda, solicitamos de la manera más atenta tu consideración para remover del cargo a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos, y de la Comisión de Búsqueda, con base en el sustento que conocemos, porque sabemos que esos perfiles no les alcanzan para sostener tan importantes encomiendas”, expresó María Luisa Núñez.

Comentarios revictimizantes y generadores de violencia

La fundadora del colectivo denunció que los comentarios de Samuel Aguilar Pala han sido revictimizantes y generadores de violencia, evidenciando la falta de capacidad para manejar la gobernabilidad en el estado y la atención adecuada a las víctimas indirectas y directas de la violencia en Puebla.

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María Luisa también destacó que tanto ella como las familias buscadoras en Puebla no se sienten seguras. El temor de que se pierdan los derechos de las personas desaparecidas persiste, lo que refuerza la desconfianza hacia las autoridades encargadas de garantizar la justicia y la seguridad en el estado.