Colectivos de periodistas, organizaciones civiles y redes de personas defensoras de derechos humanos hicieron un llamado urgente al Poder Judicial de Puebla para que las y los jueces que conozcan los amparos promovidos contra el artículo 480 del Código Penal resuelvan con base en los más altos estándares internacionales de derechos humanos. El exhorto surge ante la preocupación de que el delito de “ciberasedio”, aprobado recientemente, se convierta en un mecanismo de censura más que en una herramienta de protección. Según advierten, la ambigüedad de la norma —que sanciona actos de “vigilancia”, “hostigamiento” u “ofensas” en redes sociales— deja abierta la posibilidad de que cualquier opinión, denuncia o cobertura periodística pueda ser criminalizada.
El contexto refuerza la alerta: en Puebla, ARTICLE 19 documentó 22 casos de acoso judicial contra periodistas y activistas entre 2018 y 2024. Estas prácticas, denunciaron, ya son usadas como estrategia para blindar a figuras de poder del escrutinio público. Por ello, insistieron en que el papel de las personas juzgadoras es clave para evitar retrocesos en derechos fundamentales.
El pronunciamiento fue firmado por Proyecto Justicia Común (PROJUC), ARTICLE 19 México y Centroamérica, el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, Propuesta Cívica, la Red de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Red Puebla de Periodistas y la Clínica Jurídica de la IBERO Puebla. |