Miércoles 01 Octubre 2025

La Consejería Jurídica del gobierno federal impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la nueva Ley de Transparencia de Puebla aprobada por el Congreso local en julio de este año.

Este miércoles 1 de octubre, el máximo tribunal constitucional del país dio a conocer que el pasado 18 de septiembre se formó el expediente 217/2025 relativo a la controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica.

“Mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional que hace valer la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Puebla. Se tiene a la promovente por presentada con la personalidad que indica, en representación del Poder Ejecutivo Federal, al reclamarse la defensa de las atribuciones competenciales de la Federación, y se admite a trámite la controversia constitucional”, informó.

¿Qué impugnó el gobierno federal?

El gobierno federal impugnó el artículo 4, último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se establece que la información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional.

El artículo 8, fracción V, donde se señala a las siguientes autoridades garantes de la transparencia:

El Órgano Administrativo Desconcentrado; el órgano encargado de la contraloría interna u homólogo del Poder Legislativo; el órgano encargado de la contraloría interna u homólogo del Poder Judicial; los órganos internos de control o equivalentes de los órganos constitucional o legalmente autónomos, el Instituto Electoral del Estado (IEE) por cuanto hace a los partidos políticos con registro estatal, y el Tribunal de Arbitraje por cuanto hace a los sindicatos.

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El artículo 5, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que establece como autoridades garantes al órgano Administrativo Desconcentrado, el órgano encargado de la contraloría interna del Poder Legislativo, el órgano encargado de la contraloría interna del Poder Judicial, los órganos internos de control o equivalentes de los órganos autónomos y el IEE por cuanto hace a los partidos con registro estatal.

El decreto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 31 de julio.