La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversos artículos de 30 Leyes de Ingresos Municipales 2025 de Puebla, entre ellos los de Huaquechula y Juan C Bonilla, debido a que contemplaban cobros por la reproducción de información pública. Así lo determinó este lunes 10 de noviembre al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2025 presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La invalidez tendrá efectos durante lo que resta del año 2025, toda vez que dichas leyes son de vigencia anual. Te puede interesar: SCJN frena cobros excesivos en Leyes de Ingresos municipales de Puebla El máximo tribunal constitucional del país declaró inconstitucionales los artículos impugnados, pues establecían cobros injustificados por cada hoja certificada de datos o documentos derivados de solicitudes de acceso a la información. Según el fallo, dichos cobros vulneran el derecho de acceso a la información y el principio de gratuidad, ya que no corresponden al costo real de los materiales utilizados. Las 30 Leyes de Ingresos Municipales impugnadasLas leyes corresponden a los municipios de General Felipe Ángeles, Guadalupe, Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, Honey, Huaquechula, Huatlatlauca, Huehuetla, Huehuetlán el Chico, Huehuetlán el Grande, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Huitziltepec, Ixcamilpa de Guerrero, Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Ixtepec, Jalpan, Jolalpan, Jonotla, Jopala, Juan C. Bonilla, Juan Galindo, Juan N. Méndez, Lafragua, La Magdalena Tlatlauquitepec, Los Reyes de Juárez y Mazapiltepec de Juárez. La declaratoria de invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de la sentencia al Congreso del Estado. La Suprema Corte exhortó al Poder Legislativo poblano a abstenerse de repetir estos vicios, a considerar las observaciones del fallo y a determinar de manera fundada y motivada las cuotas o tarifas mediante un método objetivo y razonable. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre la SCJN también invalidó disposiciones de otras 30 Leyes de Ingresos Municipales —entre ellas las de San Andrés Cholula, Palmar de Bravo y Ocoyucan— por establecer cobros excesivos y desproporcionados por la reproducción de información pública.
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