La organización Propuesta Cívica denunció que en Puebla un juez federal concedió una suspensión provisional a dos amparos promovidos por funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), con el objetivo de obligar a cuatro periodistas a eliminar notas publicadas sobre presuntas irregularidades en la asignación de plazas docentes. El caso fue documentado en el reciente reporte de El Censurómetro, difundido el 24 de noviembre, donde el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica advirtió que la medida judicial representa un precedente de censura y riesgo a la libertad de expresión, al utilizar mecanismos de amparo para intentar borrar información de interés público. Las y los periodistas afectados por esta suspensión provisional son Gerardo Pérez Muñoz, Kara Castillo, Martín Hernández Alcántara y Natalia Romero, quienes difundieron denuncias realizadas por docentes de distintas unidades académicas de la UPN. Denuncias sobre plazas docentes en la UPNEl 4 de septiembre, el periodista Martín Hernández Alcántara, del medio La Jornada de Oriente, publicó que el Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunció presunto hostigamiento laboral por parte de directivos de la UPN Unidad 211 en Puebla contra la profesora Gabriela Molina Herrera, integrante de su comité sindical. Te puede interesar: IBERO Puebla dará becas del 100% a escritoras de Maestría en Literatura De acuerdo con lo documentado, la académica habría enfrentado represalias por exigir que la asignación de plazas docentes se realice conforme a la normatividad vigente, mediante concurso de oposición, tal como lo establece el decreto de creación de la UPN de 1978. Según el CEND, la profesora sufrió medidas de presión que incluyen la retención de su quincena, así como el cambio injustificado de la modalidad de pago, al pasar de transferencia bancaria a cheque físico, con el objetivo de obligarla a aceptar un cambio de adscripción. La denuncia también señala que estas prácticas habrían sido toleradas por funcionarios vinculados a la Sección 23 del SNTE, quienes presuntamente favorecen la entrega discrecional de plazas.
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