México atraviesa una etapa en la que el crimen organizado ha ampliado su presencia más allá de los mercados tradicionales y ahora incursiona en la extracción y apropiación de recursos naturales. Esta diversificación convierte al agua, los minerales, la madera, la fauna silvestre y ciertos cultivos en nuevas fuentes de financiamiento ilícito que, aunque no igualan las ganancias del narcotráfico o el robo de combustibles, generan ingresos constantes y afectan directamente a comunidades rurales y ecosistemas. Sin embargo, uno de los bienes más sensibles es el agua, cuya disponibilidad es limitada en zonas urbanas y semidesérticas. Su extracción irregular mediante tomas clandestinas y pipas robadas se ha convertido en un mercado negro altamente rentable. Huachicoleo de agua en PueblaEn el estado de Puebla, el robo de agua se consolida como una actividad ilícita en expansión. Las autoridades han identificado operaciones clandestinas en Tehuacán, Puebla capital y recientemente en Chignahuapan, donde la extracción y distribución ilegal del recurso han sido atribuidas principalmente a las organizaciones USON y la Chokiza. Esta práctica, conocida como huachicol de agua, opera de forma similar al robo de combustibles; se perforan ductos, se sustrae el líquido y se comercializa a través de redes paralelas que abastecen a industrias, comercios o particulares. Este fenómeno también se ha documentado en el Estado de México, donde participan sindicatos criminales como la ACME, además de células como los 300. Te puede interesar: Exhibe Conagua red de robo de agua en Tehuacán; clausuran dos pozos Explotación y presiones en otras regiones del paísMientras en Puebla el agua es el principal recurso afectado, en otras entidades la diversificación criminal abarca actividades como el tráfico de especies protegidas y la presión sobre productores agrícolas. En el Golfo de California, la depredación de la vaquita marina y la totoaba ha provocado una reducción drástica de estas especies debido a su alta demanda en mercados asiáticos. En la Selva Lacandona, primates, aves y felinos continúan siendo extraídos y colocados en redes internacionales de comercio ilegal. Paralelamente, productores de limón, aguacate, tomate, naranja o ganado en entidades como Michoacán, Colima, Sinaloa, Veracruz, Durango y Chihuahua enfrentan esquemas de extorsión que condicionan su actividad económica. La minería también se ha convertido en un objetivo estratégico para distintos grupos criminales. En estados como Guerrero, Zacatecas y Michoacán, organizaciones delictivas han presionado a compañías extractivas mediante extorsión o mediante la operación directa de minas ilegales, centradas en metales como la plata, el oro y el hierro. Impactos ambientales, económicos y socialesLa participación del crimen organizado en la explotación de recursos naturales tiene consecuencias de gran alcance, como el deterioro progresivo de los ecosistemas, pues la tala indiscriminada, la captura de fauna silvestre y la contaminación derivada de actividades mineras modifican los ciclos naturales y ponen en riesgo la biodiversidad. En el ámbito económico, la extorsión impone costos adicionales a la producción agrícola y ganadera, lo que incrementa los precios de insumos básicos como el limón, el aguacate o la carne. Finalmente, las comunidades rurales resultan particularmente afectadas, ya que los productores de bajos ingresos ven reducidas sus ganancias y, en muchos casos, se ven obligados a abandonar sus actividades por amenazas, violencia o insuficiencia económica. |