El exgobernador de Puebla, Mario Marín, preso desde 2021 por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, activó una nueva ofensiva legal para abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano y regresar al régimen de prisión domiciliaria. A casi un año de haber sido reingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, la defensa del exmandatario presentó diversos escritos ante el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, con el objetivo de que se emita sentencia en los procesos judiciales que mantiene abiertos. De acuerdo con acuerdos judiciales publicados el 12 de enero, y difundidos por la revista Proceso, los abogados de Marín solicitaron que se resuelvan cuatro amparos en revisión, todos vinculados con la intención de modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por prisión domiciliaria. Los recursos forman parte de una estrategia jurídica claramente orientada a revertir su reingreso al penal de máxima seguridad, donde permanece desde abril de 2025, tras perder el beneficio que le había permitido cumplir su proceso fuera de prisión. En respuesta, los magistrados federales reconocieron la demora en la emisión de sentencias, pero la atribuyeron a la complejidad del caso, la carga de trabajo del tribunal y, especialmente, a la gravedad de los delitos imputados, así como a registros documentales sobre el comportamiento del exgobernador en otros centros penitenciarios. Te puede interesar: ¡Justicia para Lydia Cacho! Mario Marín regresa al penal del Altiplano Mario Marín fue reingresado al Altiplano luego de que el Tribunal Colegiado de Apelación de Quintana Roo, a petición de Lydia Cacho, revocara en 2024 la prisión domiciliaria de la que gozaba. Los magistrados consideraron que existía riesgo de fuga y un posible peligro para la víctima, argumentos suficientes para ordenar su retorno a reclusión. Actualmente, el exgobernador permanece en uno de los penales más severos del país mientras sus abogados insisten en acelerar resoluciones judiciales que le permitan abandonar el Altiplano, aun cuando su proceso penal continúa sin sentencia definitiva. Las autoridades judiciales señalaron que las resoluciones se emitirán hasta que concluyan los análisis de los expedientes en revisión.
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