La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que el delito de extorsión se convierta en una prioridad nacional, al advertir que, pese a la disminución de otros ilícitos, este fenómeno continúa expandiéndose con rapidez debido a la “ausencia de acciones contundentes” por parte de las autoridades. En un comunicado, el organismo empresarial destacó que Puebla y Tlaxcala son los estados con los incrementos más alarmantes de este delito, que durante 2025 aumentó en 20 de las 32 entidades del país, lo que confirma que se trata de un problema generalizado. De acuerdo con Coparmex, Tlaxcala registró un crecimiento de mil 300% en este delito, mientras que Puebla presentó un aumento del 84.4%, colocándose ambos estados dentro del grupo con mayor aceleración de casos, junto con Chiapas (364.3%), Ciudad de México (264.4%), Nayarit (171.4%) y Yucatán (100%). Te puede interesar: Delitos y extorsión elevan costos y desalientan inversión en Puebla El organismo sostuvo que “en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo” y subrayó que la extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial, al tratarse de una presión constante que afecta decisiones de inversión, eleva costos de operación y limita el crecimiento económico, particularmente en regiones donde el fenómeno se ha intensificado, como Puebla y Tlaxcala. En ese sentido, Coparmex advirtió que la extorsión “se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva”. Como antecedente, la Confederación recordó que entre 2015 y 2025 este ilícito aumentó 78% a nivel nacional, al pasar de 6 mil 223 a 11 mil 81 víctimas anuales, lo que —sostuvo— demuestra que no se trata de un problema coyuntural, sino de una crisis sostenida que requiere atención inmediata. Asimismo, citó resultados de #DataCoparmex, donde el 46.8% de las empresas reportó haber sido víctima de al menos un delito, y la extorsión se ubicó como el segundo ilícito con mayor número de casos. Según esta medición, dos de cada tres extorsiones se realizaron vía telefónica y una más estuvo “vinculada con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad”, situación que agrava el daño económico y mina la confianza en las instituciones. Ante este escenario, Coparmex exigió colocar la extorsión como prioridad nacional de política pública y, aunque reconoció la aprobación de la Ley General para combatir este delito, urgió a los gobiernos estatales —incluidos Puebla y Tlaxcala— a crear unidades especializadas dentro de las Fiscalías, con el fin de fortalecer el Estado de derecho, garantizar seguridad efectiva y proteger la inversión y el empleo formal.
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