Martes 10 Febrero 2026

El juez de Oralidad de la región Puebla, Celestino Martínez Bones, fue denunciado ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, a raíz de una resolución judicial emitida en un caso de presunto secuestro ocurrido en San Martín Texmelucan.

La denuncia se deriva del fallo que absolvió a Luis Javier “N”, elemento activo de la Guardia Nacional, y a Rogelio Sergio “N”, exmilitar, quienes, de acuerdo con las víctimas, fueron detenidos en flagrancia durante los hechos.

Miguel Barrueta Rodríguez, reconocido como víctima indirecta y participante en la detención de los implicados, informó que además solicitará la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que la resolución judicial podría tener implicaciones en la seguridad de las personas afectadas.

El denunciante señaló que, durante más de dos años, las víctimas sostuvieron sus señalamientos en el proceso penal, pese a haber enfrentado intimidaciones y amenazas, situación que se agravó al tratarse de personas que posteriormente fueron identificadas como integrantes de corporaciones de seguridad.

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Indicó que, a pesar de ello, las víctimas acudieron a todas las audiencias, con la expectativa de que el Poder Judicial del estado resolviera el caso conforme a derecho.

Barrueta Rodríguez informó que el fallo será impugnado por la vía legal y confió en que la Fiscalía General del Estado de Puebla interponga también el recurso de apelación correspondiente. Detalló que la sentencia fue leída el pasado 5 de febrero, y que se tiene conocimiento de la posible liberación de Rogelio Sergio “N”, mientras que Luis Javier “N” podría recuperar su libertad en breve, tras haber sido condenado únicamente por el delito de uso ilegal de armas, con una pena de cuatro años y medio de prisión.

Por ello, solicitó la implementación de medidas de protección para las dos familias afectadas.

De acuerdo con el testimonio del denunciante, los hechos ocurrieron el 11 de octubre de 2023, cuando los dos hombres arribaron armados a un negocio ubicado en San Martín Texmelucan, propiedad de su hijo Santiago, y se identificaron como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la versión presentada, las víctimas fueron sometidas y atadas con cinchos, con el objetivo de obligarlas a comunicarse con sus familiares para exigir un rescate de 50 mil dólares. Tras un forcejeo y con el apoyo de vecinos, los presuntos responsables fueron retenidos y entregados a la policía municipal, instancia que posteriormente confirmó que se trataba de integrantes de las Fuerzas Armadas.