El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que plantea reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales; sin embargo, el dictamen mantiene un solo día obligatorio de descanso por cada seis días trabajados y amplía el margen permitido de horas extra, planteamientos que fueron rechazados por diversas organizaciones de defensa de los derechos laborales. La iniciativa establece una reducción gradual que culminaría en 2030, disminuyendo dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas semanales. Aunque el proyecto fue presentado como un avance en materia laboral, el texto aprobado en comisiones no contempla la obligatoriedad de dos días de descanso, una de las principales demandas de colectivos y sindicatos que impulsaron la reforma original. Además, el dictamen modifica el esquema de horas extraordinarias, ampliando el número de horas extra permitidas por semana y ajustando los criterios de pago, lo que, según críticos, podría neutralizar los beneficios de la disminución de la jornada ordinaria. Te puede interesar: ¿Qué dijo Sheinbaum sobre la semana laboral de 40 horas? El Frente Nacional por las 40 Horas aseguró que “realmente no existió consenso” en la construcción del dictamen. A través de un posicionamiento público, la organización sostuvo que la iniciativa no representa una reducción efectiva de la jornada laboral, ya que mantiene condiciones que permiten extender el tiempo de trabajo. El Frente señaló que estaba prevista una reunión entre organizaciones civiles, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y sindicatos para discutir los alcances de la reforma; sin embargo, dicho encuentro no se concretó. La organización advirtió que existe el temor de que la reforma sea aprobada en fast track, es decir, con rapidez y sin un debate amplio, lo que —consideran— podría afectar severamente a la clase trabajadora. Mientras el dictamen avanza en el proceso legislativo, el debate se centra en si la propuesta representa una transformación sustantiva en las condiciones laborales o si mantiene mecanismos que permitirían conservar esquemas de trabajo similares a los actuales bajo una nueva redacción constitucional.
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