Luego de que sectores campesinos amagaran con nuevas movilizaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a publicar la mecánica operativa federal que permitirá a productores de maíz blanco acceder a un apoyo de 950 pesos por tonelada en seis entidades del país. El esquema beneficiará a agricultores de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala, y estará dirigido a quienes cuenten con hasta 20 hectáreas, con un límite máximo de 200 toneladas por productor. El incentivo comenzará a operar a partir de la próxima semana, una vez que se abra el periodo formal de recepción de solicitudes. De acuerdo con el documento oficial, el gobierno federal aportará 800 pesos por tonelada para productores de maíz blanco destinado a consumo humano, correspondiente al ciclo agrícola primavera-verano 2025. A esta cantidad se sumarán 150 pesos adicionales por tonelada que serán cubiertos por los gobiernos estatales, cuyos lineamientos específicos se darán a conocer en los próximos días. En conjunto, el respaldo alcanzará los 950 pesos por tonelada, complemento al precio comercial del grano. Te puede interesar: Sheinbaum anuncia programa “Sin maíz no hay país” para pequeños productores El acceso al beneficio estará condicionado a que los solicitantes estén inscritos en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la Sader. Además, deberán acreditar la propiedad o posesión legal del predio, presentar documentación de comercialización y pago, y comprobar que se encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales. La solicitud deberá ingresarse dentro del plazo que será anunciado en la página oficial de la dependencia, acompañada de la documentación requerida. En la mecánica operativa, firmada por el director de Precios y Ordenamiento Comercial de la Sader, José Adolfo Zepeda, se establecen también las causales de exclusión o cancelación, entre ellas la simulación de actividad productiva o comercial, la mezcla de cosecha propia con ajena, la presentación de documentación apócrifa o alterada, así como la duplicidad de certificados parcelarios o escrituras. |