El Poder Judicial de Puebla removió a 13 servidores públicos del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) por presuntas irregularidades, entre ellas cobrar “moches” a las familias que acuden al lugar. En entrevista, el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández confirmó la depuración, en medio de una protesta de trabajadores y señalamientos de madres y padres de familia por las afectaciones en las convivencias. Te puede interesar: Irregularidades del Cecofam ponen en riesgo a las infancias poblanas Martínez Hernández explicó que las irregularidades fueron detectadas durante las investigaciones realizadas en el Cecofam y alcanzaron a psicólogos, trabajadores sociales, médicos, directivos y jefes de departamento.
De acuerdo con el magistrado, algunos empleados recibían pagos de las familias en cuentas personales y, en ciertos casos, en las mismas cuentas utilizadas por el Poder Judicial para depositarles la nómina. Personal del Cecofam denuncia sobrecarga laboralLa limpia al interior del inmueble ocurrió un día después de que el personal del Cecofam, entre psicólogos, abogados y administrativos, realizó una protesta que derivó en la suspensión de actividades. Alrededor de 35 trabajadorxs reclamaron falta de personal, exceso de carga laboral, cancelación de vacaciones y presuntos actos de hostilidad y acoso laboral para obligarlos a renunciar. 
Además, de acuerdo con el periodista Rodolfo Ruiz, antes de la manifestación, psicólogas y psicólogos enviaron escritos al presidente del Consejo de la Judicatura y a la Secretaría Técnica del Centro para solicitar una reunión, pero aseguraron que sus peticiones no fueron atendidas. Los trabajadores también señalaron que algunos psicólogos fueron citados para firmar sus renuncias antes de la suspensión de actividades. También puedes leer: En Puebla, madres denuncian violencia vicaria y acusan omisiones del Poder Judicial Usuarios cuestionan trabajo del Cecofam Sin embargo, madres y padres de familia cuestionaron la protesta, al considerar que la suspensión de actividades afecta directamente su derecho a convivir con sus hijos. Los inconformes rechazaron que exista un despido generalizado y señalaron que parte del personal involucrado todavía no cumple un año de servicio. También cuestionaron el desempeño de algunxs trabajadorxs y aseguraron que sí existieron exigencias de sus superiores para ponerse al corriente, debido a que tienen pendientes en la entrega de reportes a los juzgados. Cabe destacar que El Popular, periodismo con causa ha documentado previamente presuntas irregularidades en el Cecofam, entre ellas actos de corrupción, retrasos en el envío de reportes psicológicos al Juzgado de lo Familiar sobre menores de edad, imposición de convivencias y señalamientos por tratos déspotas por parte del personal.
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