En México, se estima que una de cada 115 infancias tienen autismo o Trastornos del Espectro Autista (TEA), y en Puebla hay alrededor de 20 mil personas con este diagnóstico, según Mariel Macías, subdirectora de la Asociación Civil Autismo Puebla. 

Y si bien existen modificaciones a la ley sobre el reconocimiento a las personas con discapacidad y a sus derechos humanos, esto no es suficiente.

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, en El Popular, periodismo con causa, se retomó el caso del activista Fernando Riega Ángeles, quien ha causado revuelo al pedir ayuda a través de sus redes sociales para exigir legislaciones en favor de personas con autismo en Puebla.

Fernando (o “fercorex”, como es conocido en sus redes sociales) es un activista autista defensor de los derechos humanos, quien ha comenzado una petición en la página web Change.org para solicitar al Congreso del Estado de Puebla legislar a favor de los derechos de personas con discapacidades psicosociales y neurodivergentes.

A través de su cuenta en TikTok, el joven ha hecho un llamado para que el gobierno poblano establezca mesas de trabajo con la población autista de la entidad para promulgar leyes que protejan los derechos e intereses de las personas autistas.

No solo eso, sino que busca eliminar el estigma hacia personas con discapacidades psicosociales (la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas), algo que prevalece en la sociedad.

Autismo y discapacidades psicosociales en la sociedad mexicana

En México no existen datos exactos acerca de la población que vive con autismo, pues no hay una base de datos enfocada en el estudio de este tipo de discapacidad; sin embargo, la Asociación Civil Autismo Puebla estima que uno de cada 115 niños y niñas presentan autismo, lo que significa que al menos 400 mil infancias en México tienen TEA.

La ausencia de un registro que lleve este tipo de casos es una de las señales que parecen indicar la falta de cultura y espacios que existen para personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y otras discapacidades psicosociales.

Ello se ve reflejado dentro de la petición de Fernando Riega en el sitio web Change.org puede leerse el siguiente texto redactado por el autor: “He sufrido discriminación e incomprensión por ser diferente. Las personas Autistas estamos desprotegidas ante situaciones de desempleo, abuso laboral, psicológico y social”. 

Además de los videos que tiene en redes sociales donde documenta las dificultades a las que se enfrenta siendo una persona autista, los comentarios de estos videos rectifican y visibilizan la realidad que viven todas estas personas en la entidad, quienes son revictimizadas incluso por las instancias que están para proteger sus derechos, tales como el IMSS.

Precedentes de la comunidad autista en la legislación

Pese a la falta de datos, México se han tomado medidas respecto a este tipo de discapacidad, tales como la elaboración Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista; la cual tiene como objetivo impulsar la integración e inclusión en la sociedad de las personas con la condición del espectro autista. 

Esta ley busca garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad con respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, así como proteger sus derechos y necesidades.

Además, establece disposiciones generales y crea la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

También está la Ley para la Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, que permite solicitar y obtener una tarjeta incluyente de gratuidad. De igual manera, existe la reforma al Artículo 2° de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

No obstante, la falta de estadísticas al respecto y la dificultad real de hacer valer los derechos de las personas autistas, tanto a nivel nacional como en Puebla, demuestran que no basta con reconocer las barreras presentes en el entorno social, sino que falta promover y normalizar la participación de estas personas en la creación de las leyes.

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