Falta de medicamentos y estigma frenan aborto libre y seguro en Puebla

A un año de la despenalización del aborto en Puebla, colectivas feministas señalaron que aún existen importantes obstáculos para garantizar que este derecho se ejerza de manera libre, segura y gratuita en la entidad. En rueda de prensa, representantes de Redefine Puebla, Cafis A.C., Ddeser Puebla y la Red La Morada, expusieron seis retos clave que deben ser atendidos para asegurar una verdadera implementación del aborto legal.

El primer desafío identificado es la centralización del servicio. Desde que el aborto fue despenalizado en el estado vigente desde el 15 de julio de 2024 sólo seis hospitales están autorizados para ofrecer la Interrupción Legal del Embarazo (ILE): cuatro en la capital (Hospital de la Mujer, IMSS La Margarita, ISSSTE e ISSSTEP), y dos más en Cuautlancingo y Tehuacán. 

De los 388 procedimientos realizados entre abril y junio de 2025, el 90 % fueron en el Hospital de la Mujer. Esta concentración limita el acceso a mujeres de municipios como Atlixco, San Martín Texmelucan y Tehuacán, quienes deben enfrentar traslados largos, altos costos y barreras geográficas.

El segundo obstáculo es el desabasto de insumos y equipo médico, especialmente medicamentos como misoprostol y mifepristona, esenciales para el aborto farmacológico. Las activistas señalaron que el mifepristona es el que más escasea, y al requerir receta médica y tener un alto costo, muchas veces se vuelve inaccesible para las personas gestantes. En respuesta, las colectivas han recurrido a donativos voluntarios, medida que consideraron insostenible a largo plazo.

Otro gran pendiente es la falta de capacitación y el estigma institucional. Las colectivas reportaron casos de personal médico que se niega a aplicar la ley, atención insensible, y uso indebido de la objeción de conciencia, principalmente en hospitales del IMSS. "La desinformación legal y el estigma persisten incluso entre quienes deben garantizar el acceso al servicio", denunciaron.

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En cuarto lugar, advirtieron sobre la proliferación de consultorios clandestinos y desinformación. Algunas mujeres denunciaron ser víctimas de manipulación emocional en espacios que se presentan como acompañamiento feminista, pero que en realidad tienen una agenda conservadora.

El quinto reto se relaciona con el marco jurídico incompleto. Aunque el aborto ya no está tipificado como delito en el Código Penal, la Ley Estatal de Salud aún no lo reconoce como un servicio prioritario. La reforma necesaria —que incluye atención gratuita en un máximo de cinco días, protocolos contra la objeción injustificada y la eliminación del requisito de denuncia en casos de violación— permanece congelada desde 2020, sin avance por parte de la actual legislatura, a pesar de que el partido mayoritario ha declarado afinidad con la agenda de derechos reproductivos.

Finalmente, denunciaron brechas territoriales y desigualdad regional. En zonas rurales o comunidades alejadas, muchas mujeres ni siquiera saben que tienen derecho a un aborto legal. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, Cafis A.C. recibió 300 solicitudes de acompañamiento, pero sólo se otorgaron 160 constancias para acceder al procedimiento.

Recomendaciones de las colectivas:

Descentralizar el servicio de aborto legal y habilitar más unidades fuera de la capital.

Capacitar integralmente al personal médico y administrativo para combatir el estigma y garantizar un trato digno.

Asignar presupuesto etiquetado para garantizar insumos y funcionamiento continuo del programa de ILE.

Impulsar la reforma a la Ley Estatal de Salud, reconociendo al aborto como un servicio de salud pública prioritario y eliminando el enfoque punitivo.

Las colectivas coincidieron en que la despenalización del aborto fue apenas el primer paso, y que para convertirlo en un derecho accesible y real, se requiere voluntad política, asignación de recursos y transformación estructural del sistema de salud en Puebla.