Una madre de cinco hijos se encuentra en el centro de una investigación legal luego de ser acusada de usar indebidamente beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP para iniciar un negocio de repostería. Talia C. Teneyuque, de 32 años, enfrenta cargos de fraude tras supuestamente utilizar su tarjeta de asistencia para comprar ingredientes con los que elaboraba pasteles que luego vendía en línea. De acuerdo con documentos judiciales, la Fiscalía de Saginaw sostiene que Teneyuque habría desviado más de mil dólares en fondos públicos destinados a la alimentación familiar para fines comerciales. De ser declarada culpable, la mujer podría recibir una sentencia de hasta 10 años de prisión y una multa que alcanza los 250 mil dólares, según las leyes estatales. El caso ha generado un amplio debate en redes sociales, donde simpatizantes y defensores de derechos sociales cuestionan la penalización de actos motivados por la necesidad económica. La defensa de Teneyuque asegura que su intención siempre fue proveer a sus hijos y crear un ingreso legítimo para su familia. 
Medios nacionales han resaltado que el proceso judicial pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los límites y regulaciones de los programas de asistencia social, así como la forma en que la ley trata a quienes buscan superar situaciones de vulnerabilidad económica. Mientras el caso sigue su curso en los tribunales de Michigan, organizaciones comunitarias han iniciado campañas para recaudar fondos y apoyar los gastos legales de Teneyuque, evidenciando la polarización que genera este tipo de situaciones en la opinión pública. En México, programas como las tarjetas del Bienestar buscan atender precisamente ese tipo de condiciones de vulnerabilidad. A través del Banco del Bienestar, el gobierno federal entrega apoyos económicos directos a adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y familias de bajos ingresos. Cada tarjeta permite recibir los recursos de manera bimestral, sin intermediarios, con el objetivo de evitar desvíos o fraudes. Te puede interesar: Enfermeras y pasantes ya pueden recetar medicamentos en instituciones públicas De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, tan solo en 2025 más de 12 millones de personas reciben sus apoyos mediante esta vía. Sin embargo, especialistas en política social advierten que la falta de controles y supervisión en algunos casos podría derivar en irregularidades o en el uso indebido de los fondos, como ocurre en otros países. Pese a ello, el programa continúa siendo uno de los pilares del sistema de asistencia social mexicano, al buscar equilibrar las condiciones económicas de los sectores más desprotegidos.
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