Más de 200 organizaciones, colectivos de búsqueda y víctimas condenaron la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dejó vigente la eliminación del fondo mínimo para la reparación integral y atención a víctimas, tras desechar el proyecto que buscaba invalidar la reforma hecha en 2020 a la Ley General de Víctimas. La Suprema Corte rechazó declarar inconstitucional el artículo reformado, pese a que la propuesta del ministro Giovanni Figueroa señalaba que ya existía sentencia previa que reconocía la regresión en los derechos al suprimir garantías para la reparación del daño en casos de violaciones graves a derechos humanos. En un pronunciamiento conjunto, organizaciones como Fundación para la Justicia, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Prodh y agrupaciones del Espacio OSC, advirtieron que la decisión “implica un grave retroceso” porque abre la puerta a que “las víctimas vean diluidos sus derechos” debido a reformas que pueden debilitar la protección, atención y reparación del daño. También señalaron que la determinación fue adoptada “vulnerando el principio de cosa juzgada y la garantía de seguridad jurídica”, al reabrir un debate previamente resuelto sobre la constitucionalidad de las reformas regresivas. El pronunciamiento subrayó que “la necesaria declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 132 fracción I era consistente con la línea de protección seguida por la Corte”, además de que garantizaba la eficacia del amparo como instrumento de defensa de los derechos humanos. Las agrupaciones insistieron en que, sin un presupuesto mínimo y un marco normativo sólido, el derecho a la reparación integral queda debilitado: “las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley”, advirtieron. Te puede interesar: Hasta 56 mil pesos mensuales recibirán víctimas de un delito en Puebla Colectivos de búsqueda exhortaron a la SCJN a evitar la reapertura de discusiones sobre reformas regresivas, y pidieron al Poder Judicial y al Congreso de la Unión garantizar la progresividad de los derechos de las víctimas, incluyendo su participación en futuras reformas. A la postura se sumó Amnistía Internacional, al recordar que México enfrenta una crisis de derechos humanos, con un aumento significativo de personas registradas ante el RENAVI, lo que vuelve indispensable conservar recursos exclusivos para la atención y reparación del daño. La organización llamó al Ejecutivo y Legislativo a fortalecer las políticas públicas y la legislación en la materia. Entre las más de 200 organizaciones que firmaron el pronunciamiento, se encuentran colectivos de búsqueda y acompañamiento provenientes de diversos estados del país, como Guanajuato, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Zacatecas, Chihuahua, Oaxaca y Ciudad de México, así como agrupaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de derechos humanos. La lista incluye a colectivos como Buscadoras por la Paz Sonora, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Buscadoras Guanajuato, Colectivo Solecito de Veracruz, Madres Buscadoras de Sonora, Búsqueda de Desaparecidos Nayarit, entre muchos otros que han documentado y acompañado miles de casos de desaparición en el país. |