Organizaciones de Puebla y del país exigen blindar la Ley General de Aguas; frenar la privatización y sanciones a empresas

La Contraloría Autónoma del Agua en el Estado de Puebla “Joel Arriaga” y las organizaciones que la integran se suman a la movilización nacional impulsada desde más de 18 Foros de Parlamento Abierto Ciudadano y audiencias públicas del Congreso Federal, que buscan terminar con décadas de injusticia hídrica y garantizar el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, por encima de los intereses privados.

El paquete legislativo propuesto por la CONAGUA se considera insuficiente y de alto riesgo, al mantener el modelo extractivista de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992, heredada del salinismo, lo que amenaza la protección de los bienes hídricos del estado y del país.

Las organizaciones exigen una prohibición total a la privatización de los servicios públicos de agua, saneamiento y obras hidráulicas, planteando:

• Prohibición de privatización explícita en el Artículo 44 de la LGA.

• Derogación del Artículo 102 de la LAN, que actualmente fomenta la privatización de infraestructura hidráulica federal.

Recordaron que los procesos privatizadores en entidades como Quintana Roo (Aguakan), Puebla y Veracruz han derivado en violaciones al derecho humano al agua, a la salud y a la cultura del bien público.

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También exigen corregir la propuesta oficial en los siguientes puntos:

• Reconocimiento y registro de derechos históricos de ejidos, pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades afromexicanas, sin someterlos a concesión. Estos derechos deben ser inalienables e imprescriptibles.

• Fin a la impunidad fiscal de grandes usuarios: reformar el Artículo 29 Bis 3 de la LAN para extinguir volúmenes concesionados a quienes no declaren ni paguen derechos por dos años consecutivos, principalmente industrias y servicios.

• Se destacó que en 2023, el sector industrial y de servicios pagó solo 12 mil millones de pesos de los 56 mil millones que debía.

• Los volúmenes recuperados por falta de pago fiscal deben ir al Fondo de Reserva Hídrica, enfocado en el derecho humano al agua, sistemas comunitarios y pueblos originarios.

• Democratización de la gobernanza: sustituir Consejos de Cuenca (dominados por grandes concesionarios) por Consejos Regionales con representación ciudadana.

• Otorgar a los Consejos Regionales la facultad de evaluar y recomendar sanciones o remoción de directivos de Organismos de Cuenca, cuando exista sobreextracción, contaminación o falta de recaudación.

• Tipificar la contaminación del agua como delito contra la salud pública mediante el Artículo 123 Bis 8 de la LAN.

• Garantizar la reparación integral del daño hídrico: ambiental, social y económico.

Las organizaciones firmantes lanzaron un llamado urgente al Congreso Federal para incorporar las propuestas ciudadanas, priorizar la vida y garantizar que el agua sea un bien público y no un negocio.

Firman:

Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Contraloría Nacional Autónoma del Agua, Contraloría Autónoma del Agua Joel Arriaga en Puebla, Asamblea Social del Agua (ASA) y Todxs Unidoxs Contra la Privatización (TUCOP).