La modificación a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, establece la prohibición de la comercialización de concesiones hídricas entre particulares y contempla el incremento de las sanciones económicas por irregularidades, además de nuevas figuras delictivas relacionadas con la transferencia ilegal de títulos de concesión. La iniciativa de reforma, presentada el 7 de octubre ante la Cámara de Diputados, tiene como propósito fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre el uso y administración del agua en el país. El documento señala que el Ejecutivo federal busca otorgar mayores atribuciones a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), incluyendo la facultad de impedir la compraventa, transmisión o herencia de concesiones entre privados. Uno de los puntos centrales es el aumento de las penalizaciones, ya que las multas se duplicarán. Actualmente, las sanciones van de 260 a 26 mil UMA (equivalentes a entre 29 mil y casi 3 millones de pesos). Con la reforma, el rango se ampliará de 260 a 50 mil UMA, lo que representa hasta 5 millones 657 mil pesos. Te puede interesar: Organizaciones de Puebla y del país exigen blindar la Ley General de Aguas; frenar la privatización y sanciones a empresas La propuesta también incorpora un catálogo ampliado de delitos, con el fin de tipificar y sancionar conductas de riesgo. Entre ellas se incluyen el traslado de aguas nacionales sin autorización, la alteración o desvío de cauces, y acciones que puedan afectar la integridad de la población y los ecosistemas. Asimismo, se prevé sancionar con mayor severidad la manipulación de equipos de medición de volúmenes hídricos, cuando se realice con el objetivo de simular un consumo menor y obtener beneficios económicos de manera fraudulenta. Diversos sectores productivos, entre ellos agricultores, se han pronunciado en contra de la iniciativa al señalar que “lastima la ya golpeada economía en el campo” y genera “incertidumbre jurídica” para miles de productores. Argumentan que la desaparición de la figura de transmisión de derechos de agua impedirá heredar o ceder concesiones, mientras que las prórrogas podrían convertirse en un problema burocrático al reducir tiempos de vigencia. Además, advierten que de aprobarse tal como está redactada, existe el riesgo de que situaciones históricamente administrativas se judicialicen como “delitos hídricos”. Luego de que la reforma sea aprobada en lo particular por la Cámara de Diputados, deberá ser turnada al Senado de la República, donde las comisiones correspondientes tendrán que estudiar, discutir y eventualmente aprobarla antes de que el tema llegue al Pleno para su votación definitiva.
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