Lunes 05 Enero 2026

Organizaciones defensoras de derechos humanos en México, junto con colectivos de América Latina, denunciaron el ataque militar de Estados Unidos contra objetivos en Venezuela, ocurrido el 3 de enero de 2026, al señalar que se trata de una agresión armada que vulnera el derecho internacional y sienta un precedente preocupante para la estabilidad regional.

Entre las organizaciones con presencia en México que suscriben el pronunciamiento se encuentran Artículo 19 oficina para México y Centroamérica, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Prodesc, México Unido Contra la Delincuencia (MUDC), el Sitio de Memoria Tlaxcoaque y Somos Memoria–Red de colectivos de memoria mexicanos, quienes subrayaron que la acción militar se realizó fuera de los marcos legales establecidos por la Carta de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las organizaciones advirtieron que el operativo estadounidense, que incluyó la captura del presidente de facto Nicolás Maduro y su esposa, se inscribe en un proceso de militarización creciente en el Caribe, documentado desde septiembre de 2025, y que ha derivado —según el comunicado— en la muerte de al menos 115 personas durante operativos bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Asimismo, expresaron su preocupación por el impacto directo en la población venezolana, al considerar que el ataque militar agrava la crisis institucional y la emergencia humanitaria existente, en un contexto marcado por denuncias previas de violaciones a los derechos humanos, persecución a organizaciones civiles y detenciones arbitrarias.

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Las organizaciones firmantes señalaron que, si bien reiteran la necesidad de rendición de cuentas por graves violaciones a derechos humanos en Venezuela, ello no puede justificar el uso unilateral de la fuerza ni la ruptura del orden jurídico internacional. Insistieron en que cualquier salida a la crisis debe ser democrática, pacífica y negociada, respetando el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano.

Finalmente, los colectivos llamaron a los países de la región y a la comunidad internacional a proteger a las personas defensoras de derechos humanos, a quienes permanecen privadas de la libertad por motivos políticos y a quienes se vean forzadas a migrar ante el actual escenario, subrayando la necesidad de preservar a América Latina como una zona libre de conflictos armados.