El caso del maestro Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla (IBERO Puebla), localizado con vida tras permanecer desaparecido, no solo puso en evidencia presuntas violaciones a derechos humanos fuera del estado, sino que también abre una reflexión más amplia sobre la situación que enfrentan las personas extranjeras en Puebla, entidad donde el docente desarrollaba su labor académica. Si bien su localización fue posible gracias a una red de apoyo, la presión social y la visibilización mediática, el contexto nacional y local continúa marcado por prácticas de discriminación, exclusión y vulneración de derechos hacia personas migrantes y extranjeras. Puebla no es ajena a esta realidad. De acuerdo con información de la Comisión de Derechos Humanos (CDH Puebla), en lo que va del año se han presentado cuatro quejas, interpuestas por siete personas migrantes, quienes denunciaron presuntas violaciones a sus derechos humanos cometidas por dependencias estatales y ayuntamientos de la entidad. Las denuncias involucran a personas originarias de Colombia, Venezuela y Suiza, quienes señalaron afectaciones a sus derechos jurídicos y la falta de apego a normativas y procedimientos legales por parte de las autoridades.
El primer caso se registró en enero de 2025, cuando una persona venezolana y dos colombianas denunciaron irregularidades y omisiones atribuidas a autoridades migratorias en Puebla, señalando incompetencia por parte de autoridades federales de dicha dependencia. En mayo, una persona de nacionalidad suiza presentó una queja similar, también contra estas instancias. Posteriormente, dos personas colombianas denunciaron su situación, la cual fue visibilizada públicamente por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). El caso más reciente ocurrió el 11 de junio, cuando una persona colombiana acusó a diversas autoridades del Ayuntamiento de Coronango por presuntas violaciones al derecho a la legalidad. Hasta el momento, se desconoce si existe una resolución o algún proceso legal en curso. Este panorama se agrava al considerar que, en 2024, un estudio reveló que 65 por ciento de las personas migrantes y refugiadas en Puebla reportaron haber experimentado algún tipo de discriminación, xenofobia o aporofobia. De acuerdo con el análisis realizado por Francisco Rodríguez Vara, responsable Legal Socio Implementador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, estas prácticas ocurren con mayor frecuencia en albergues y en la estación migratoria del estado. Te puede interesar: 14 días sin Leonardo: una historia de abuso y desamparo en manos de la Guardia Nacional En este contexto, el caso de Leonardo Escobar adquiere una dimensión más profunda: pone sobre la mesa las contradicciones de una sociedad que puede movilizarse solidariamente ante una desaparición, pero que al mismo tiempo convive con prácticas institucionales y sociales que excluyen y vulneran a personas por su origen, condición económica o estatus migratorio. La exigencia de justicia, no revictimización y respeto a los derechos humanos, planteada por la IBERO Puebla, trasciende un solo caso. Se convierte en un llamado estructural a revisar cómo las autoridades y la sociedad poblana tratan a quienes, aun contribuyendo académica, cultural o laboralmente al estado, siguen enfrentando discriminación y desprotección.
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