Viernes 13 Febrero 2026

La propuesta de reforma al artículo 123 constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales de forma gradual hasta 2030 generó inconformidad en Puebla, donde sindicatos y organismos empresariales coincidieron en que el dictamen requiere ajustes para evitar afectaciones tanto al salario como a la operación de las empresas.

La Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC) y la Confederación de Trabajadores de México advirtió que la iniciativa no garantiza de manera explícita dos días de descanso por cada cinco trabajados, lo que podría limitar el impacto positivo en la calidad de vida y la convivencia familiar.

Otro punto de preocupación es el aumento del tope de horas extra de nueve a 12 por semana. Dirigentes sindicales señalaron que esta medida podría traducirse en mayores retenciones por Impuesto Sobre la Renta (ISR), reduciendo el ingreso neto de los trabajadores pese a la disminución formal de la jornada.

En el sector productivo, el Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) plantearon que la reforma carece de la flexibilidad operativa necesaria para sectores con esquemas continuos o turnos extendidos, especialmente en un contexto económico complejo.

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Canacintra reconoció que la reducción puede significar un avance en bienestar laboral, pero alertó que muchas micro, pequeñas y medianas empresas enfrentarán retos para reorganizar turnos o compensar la reducción de horas con productividad, capacitación o tecnología.

La minuta, aprobada el 11 de febrero por el Senado, establece una disminución progresiva: 48 horas en 2026; 46 en 2027; 44 en 2028; 42 en 2029 y 40 horas en 2030. Ahora será analizada en la Cámara de Diputados. Los sectores involucrados solicitaron mesas de diálogo para revisar el esquema fiscal de las horas extra, asegurar descansos efectivos y preservar la competitividad empresarial sin menoscabo del salario real.