Daniela Flores Mustre denunció una serie de incongruencias en la actuación de la Fiscalía General del Estado de Puebla y del Poder Judicial, luego de que por más de cinco meses se entorpeciera la audiencia de su demanda por violencia vicaria y sustracción de menores en contra de su expareja y padre de su hija de 11 años. La historia, asegura, inició en mayo de 2016, cuando comenzaron las amenazas de su entonces pareja: si no hacía lo que él quería, le quitaría a su hija. Dos años después, tras episodios de violencia, fue expulsada de su casa junto con la niña de apenas cuatro años. Poco después, su expareja la denunció por sustracción de menor, acusación que la Fiscalía abrió sin pruebas suficientes. En 2018, relata, firmó un acuerdo de custodia compartida bajo presión, pero tras solo tres intercambios, el padre —de origen franco-británico— dejó de entregarle a la niña. Alegó un supuesto abuso sexual contra la menor, respaldado únicamente con documentos de una psicóloga particular sin acreditación. Aunque esa acusación ha sido descartada en cuatro ocasiones por peritos oficiales, quienes determinaron que el delito “no se cometió”, la denuncia sigue utilizándose como recurso legal en su contra.
La custodia provisional fue otorgada en menos de 24 horas al agresor por el Segundo Juzgado Familiar, encabezado por la jueza María Teresa Amada Bermúdez, lo que dejó a la madre sin contacto con su hija. Desde entonces, Flores Mustre enfrentó una cadena de denuncias falsas: amenazas, violencia familiar, ciberacoso y declaraciones fabricadas. Tras años de litigios y de haber impulsado, junto con legisladoras como Aurora Sierra (QEPD) y Mónica Silva, el reconocimiento legal de la violencia vicaria en Puebla, en junio de 2025 logró que el padre de su hija fuera vinculado a proceso por sustracción de menor y violencia familiar en la modalidad vicaria. No obstante, acusó que la jueza familiar tardó 29 días hábiles en pronunciarse sobre la guarda y custodia a su favor, mientras que siete años antes otra juzgadora resolvió en solo 24 horas a favor del progenitor. Durante ese lapso, el padre se fugó con la niña, activando una Alerta Amber. Finalmente, la menor fue localizada y entregada, aunque bajo condiciones impuestas por el agresor. Flores Mustre subrayó que este mes se cumplen siete años de un proceso marcado por lo que llamó “terrorismo legal”, con denuncias constantes en su contra y una campaña de desprestigio mediático para presionarla y silenciarla. Te puede interesar: Restos hallados en Ixtacuixtla serían de jóvenes desaparecidos en Puebla
La madre hizo un llamado a las autoridades a fortalecer la perspectiva de género e infancia en la impartición de justicia.
|