Martes 23 Septiembre 2025

El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local advirtió que la omisión, el ocultamiento de información y la impunidad son factores que permiten que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual prevalezca e incluso aumente, particularmente en los estados de Tlaxcala y Puebla.

Marisol Flores y Emilio Muñoz, representantes de la asociación civil, señalaron que este delito sigue siendo grave debido a la deficiente implementación de políticas públicas de prevención y a la impunidad que enfrentan las víctimas. Según datos de la organización, el fenómeno lleva más de siete décadas vigente en los municipios de la región.

“Es un problema histórico, data desde 1950; viene de la dinámica de ‘robarse a la novia’. Se ha documentado que los tratantes de la ciudad le enseñaban a los de Tlaxcala estas técnicas de manipulación. Tras consumar la relación sexual, se llevaban a las jóvenes ya con un vínculo y las introducían al trabajo sexual para apoyar la economía del hogar. Muchas veces ellas creen ser trabajadoras sexuales y no víctimas de explotación”, explicó Emilio Muñoz en entrevista con El Popular, periodismo con causa.

De acuerdo con Marisol Flores, directora de la asociación, la explotación sexual y la trata de personas se adaptan a las condiciones sociales con el paso del tiempo. Uno de los factores que agrava el problema es la impunidad y la omisión de las autoridades, pues el 99% de los casos no se denuncian.

También señaló la falta de refugios para la atención de víctimas; en Puebla existe solo uno y en Tlaxcala no hay ninguno. A ello se suma la falta de reconocimiento de las víctimas por parte de las autoridades, lo que perpetúa cadenas de complicidad, silencio e impunidad.

El centro documentó, a través de seguimiento hemerográfico, que desde 2019 fueron detenidas 334 personas por trata. Entre 2021 y 2025 se registraron 35 detenciones en Puebla y Tlaxcala, pero las autoridades solo reconocen la atención a 16 víctimas. Además, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2023 no existen denuncias por este delito.

“Tanto las Fiscalías como el Tribunal de Justicia retrasan u ocultan la información, lo que complica el seguimiento. Esto se refuerza con la narrativa oficial que niega, minimiza o oculta el problema”, agregó la directora.

La organización también advirtió un incremento del trabajo sexual en zonas específicas, como la frontera entre Tlaxcala y Puebla, tras la prohibición de centros nocturnos, table dances y giros negros en Tlaxcala. Señalaron que la medida solo provocó la migración de estos giros a Puebla o su operación en la clandestinidad, aumentando los riesgos.

“Con el cierre de centros nocturnos solo vimos que los lugares se mudaron a Puebla. Quienes prestaban estos servicios ahora lo hacen a pie de carretera, en la vía corta, que son zonas de alto riesgo para las mujeres”, afirmaron los representantes.

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La asociación subrayó que la prostitución se sostiene en dos mandatos sociales; el patriarcado y el capitalismo. La precarización de las mujeres deriva en proxenetismo, que a su vez se vincula con otros delitos como el feminicidio, evidenciado en casos como “Zona Divas” en Puebla o el asesinato de dos mujeres veracruzanas que trabajaban en centros nocturnos en la zona limítrofe con Tlaxcala.

Si bien Tlaxcala cuenta con el Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022-2027 y Puebla con el Programa Estatal para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas 2024, la organización afirmó que en ninguna de las dos entidades se perciben avances sustantivos, sobre todo en la prevención en entornos educativos.

La asociación recalcó la necesidad de articulación institucional y recursos para atender el problema, así como de un protocolo de atención a víctimas efectivo. También propuso la despatriarcalización y la desproxenetización en comunidades y escuelas, donde se naturalizan estas prácticas.

“La SEP va muy atrasada en sus acciones. Solo ha formado un comité y anunciado libros para secundaria, pero a un año no han salido. El gran pendiente es elaborar un plan de prevención, fortalecer la formación docente con perspectiva de género y en masculinidades no violentas, además de proyectos que diagnostiquen la situación en comunidades y escuelas”, apuntaron.

Finalmente, los representantes explicaron que la prevención debe iniciar en los entornos sociales y desde la educación. Sin embargo, recordaron que es una obligación gubernamental garantizar el castigo y la erradicación de la trata, mediante campañas bien enfocadas, políticas públicas efectivas y la armonización de leyes municipales.

“Muchas campañas están mal dirigidas. Las autoridades deben comprender el problema de fondo y dejar de poner la carga en las mujeres. Es necesario mejorar sus condiciones económicas y, a la par, emprender un proceso de deconstrucción social que inicie en las escuelas, acompañado de sanciones reales, porque el mensaje actual es que no hay castigo”, concluyeron.