La trata de mujeres y niñas sigue siendo una de las violencias más invisibilizadas y normalizadas en México, y la región Puebla–Tlaxcala continúa identificándose como uno de los principales corredores donde esta explotación opera con mayor fuerza y con menores respuestas institucionales. Así lo alertaron la IBERO Puebla y el Centro Fray Julián Garcés durante la jornada “Tramas de la trata Puebla–Tlaxcala: agenda pendiente para el acceso a la justicia y la prevención”, en la que organizaciones, académicas y especialistas coincidieron en que la problemática ha alcanzado dimensiones de crisis estructural. Puebla: 280 víctimas en siete años, 63% mujeresEntre 2015 y 2022, en Puebla se registraron 280 víctimas de trata, de las cuales 63% eran mujeres, de acuerdo con cifras retomadas durante el encuentro. Las especialistas subrayaron que la mayoría de los casos se relacionan con desapariciones de mujeres mayores de 18 años, quienes son trasladadas a otros estados o incluso a Estados Unidos bajo engaños, coerciones o seducción como mecanismo de captación. La investigadora Ana Gamboa Muñoz, del Observatorio de Violencia Social y de Género del IDHIE, recordó que la trata “deshumaniza y convierte los cuerpos de las mujeres en mercancías”, mientras que Rosario Arrambide González, de la Defensoría de Derechos Universitarios, advirtió que el delito opera en absoluta clandestinidad y con una cifra negra superior al 90%, lo que implica que por cada caso registrado podría haber 20 más sin denunciar. Las especialistas coincidieron en que los municipios poblanos concentran los mayores focos rojos y que la respuesta estatal no ha sido suficiente para frenar la creciente violencia de género que facilita este delito. Tlaxcala: 53 mujeres atendidas en tres años y redes activas en 17 estadosAunque desde el activismo y la academia se reconoce que la trata opera en 40 de los 60 municipios tlaxcaltecas, el gobierno estatal continúa negando públicamente la existencia del fenómeno. En este contexto, el Centro Fray Julián Garcés documentó que de 2022 a 2025 se atendió a 53 mujeres víctimas, sin que el estado cuente con un refugio especializado para su recuperación. Investigadoras como Ixchel Yglesias González Báez, del CIESAS, explicaron que la región mantiene activo un sistema proxeneta basado en el control emocional, la manipulación y la pérdida de individualidad de las víctimas—a menudo desde el amor romántico—, y que estas redes operan en al menos 17 entidades del país.
Te puede interesar: Omisión e impunidad gubernamental perpetúan trata con fines de explotación sexual: Centro Fray Julián Garcés Una deuda histórica con mujeres y niñasLa directora del IDHIE, Nathaly Rodríguez Sánchez, subrayó que esta violencia “hace objetos a las víctimas y a sus familias”, quienes se ven obligadas a exigir justicia frente a un sistema incapaz de garantizar acceso a verdad y reparación. Por su parte, Marisol Flores García, del Centro Fray Julián Garcés, lamentó que, pese a la ratificación del Protocolo de Palermo y diversas leyes mexicanas para prevenir la trata, “los gobiernos continúan negando la gravedad de la explotación sexual en Puebla y Tlaxcala”. Las organizaciones recordaron que la trata se articula con otros delitos como desaparición de mujeres y feminicidio, lo que demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de un continuum de violencias basadas en género. Te puede interesar: Proponen crear una Fiscalía en materia de Trata de Personas Un fenómeno que México no ha logrado contenerPara Óscar Montiel Torres, de Observa Trata, México ya ocupa el tercer lugar mundial con mayor número de víctimas, principalmente mujeres y niñas. La falta de políticas efectivas ha permitido que persistan “marcos que justifican la explotación de las mujeres”, señaló. Siete recomendaciones urgentesLa jornada concluyó con un pronunciamiento conjunto del IDHIE, el Centro Fray Julián Garcés y la iniciativa popular contra la trata, donde se presentaron siete recomendaciones dirigidas a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, centradas en la prevención, la atención integral de víctimas y la obligación de reconocer y atender la problemática sin simulación. |