Violencia digital: entre la impunidad, el miedo y la saturación institucional

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, El Popular, periodismo con causa presenta una serie de entrevistas con mujeres que, desde su trinchera, han decidido desafiar el estatus quo y luchar por un cambio.

Iniciamos con la especialista Marisol Calva García, quien expuso el fenómeno que avanza silenciosamente en Puebla: la violencia digital de género, un problema que se ha duplicado en los últimos años, mientras las instituciones siguen sin garantizar un acceso efectivo a la justicia.

La activista explicó que este incremento no es aislado:

“A mayor medida que las mujeres avanzan en la conquista de sus derechos humanos y participación, incrementa la violencia hacia nosotras”.

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Para Calva García, el entorno digital se ha convertido en un terreno fértil para las agresiones: hostigamiento anónimo, amenazas, campañas de desprestigio y ataques coordinados que buscan silenciar o intimidar a mujeres que participan en la vida pública, periodistas, funcionarias, activistas o simplemente usuarias comunes.

“Este tipo de violencia, además de inaceptable, es cobarde. No tiene un rostro. Puedes intuir quién te acosa, pero puede ser cualquiera”, señala.

Impunidad multiplicada por el anonimato

Aunque en Puebla la violencia digital ya está tipificada como acoso digital y respaldada por la Ley Olimpia, la activista sostiene que en la práctica las instituciones no han logrado responder con eficacia.

Explicó que la impunidad ya es alta en delitos de género, pero cuando se trata del ámbito digital, la cifra aumenta aún más. Asimismo, dijo que la legislación existe, pero muchas veces termina convertida en letra muerta.

“Las fiscalías están saturadas con feminicidios, desapariciones forzadas y otros delitos. La violencia digital se deja al último (…). De nada sirve si no hay posibilidad de abrir una carpeta, de investigar con perspectiva de género, de no revictimizar, de detener al agresor y sujetarlo a juicio”, sentenció.

La consecuencia es contundente. Detalló que en Puebla no existe hasta ahora ningún antecedente de una sanción penal con perspectiva de género por ciberacoso. Aun así, recomendó que las víctimas denuncien, documenten las evidencias de los ataques y las envíen a las plataformas para intentar retirar el contenido y bloquear cuentas agresoras.

En un mensaje para las mujeres que hoy enfrentan agresiones digitales, la activista insiste: “No están solas; lo que viven es violencia y merece atención, protección y justicia”.

Tres casos mediáticos que exhiben la violencia digital en Puebla

En medio de este panorama, tres hechos recientes evidencian cómo opera el acoso digital en la entidad y la insuficiencia de las respuestas institucionales.

Gabriela “La Bonita” Sánchez: acoso desde una cuenta anónima

Gabriela Sánchez Saavedra, secretaria de Deporte y Juventud de Puebla. El 31 de mayo de 2025, la Secretaría de las Mujeres denunció que la funcionaria fue víctima de ataques de género en la plataforma X por parte de una cuenta anónima llamada La Aldea Poblana, que publicó mensajes contra su dignidad y ejercicio público.

La agresión ocurrió en un contexto donde Puebla acababa de reformar el Código Penal para tipificar el ciberasedio y reforzar el reconocimiento de la violencia digital mediante la Ley Olimpia.

Aunque el gobierno estatal expresó respaldo —“no se tolerará ningún acto que encubra o normalice la violencia de género”—, hasta ahora no hay resultados públicos sobre la investigación.

Carolina Fernández: campañas de desprestigio y amenazas

Carolina Fernández Galindo, directora del diario El Popular. El 6 de junio de 2025, Fernández Galindo denunció una campaña de desprestigio en redes, también vinculada a la cuenta La Aldea Poblana, que ya había acosado a Gabriela Sánchez.

El acoso se intensificó en agosto de 2025, cuando recibió más de 300 llamadas automatizadas desde distintas líneas. En ellas le advertían de un secuestro inminente y daño a su propiedad. Las amenazas se prolongaron por más de cinco horas, hasta que la periodista las hizo públicas.

Fernández forma parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas desde 2021, pero ha señalado que la reforma al artículo 480 del Código Penal —que tipifica el ciberasedio— es tan ambigua que podría usarse para intimidar o criminalizar al periodismo crítico.

Organizaciones como Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) comparten la advertencia.

Primera denuncia formal por ciberasedio: un precedente que llega tarde

El 17 de junio de 2025, la Fiscalía General del Estado confirmó la primera denuncia oficial por ciberasedio, apenas tres días después de que la reforma entrara en vigor.

La fiscal Idamis Pastor Betancourt indicó que el caso se canalizó a la Fiscalía Especializada en Delitos de Género, ya que la víctima es mujer. También explicó que, antes de esta tipificación, las denuncias simplemente no avanzaban: “No había delito que perseguir”.

Aunque la denuncia marca un hecho histórico, no se han informado avances que indiquen sanciones o procesos judiciales firmes.

25N: Recordatorio de que la violencia digital también mata

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, especialistas coinciden en que la violencia digital no es “menor” ni “menos grave”: escala, deteriora la salud mental, limita la participación pública de las mujeres e incluso puede derivar en agresiones físicas.

Los tres casos visibles —funcionarias, periodistas y ciudadanía— muestran un panorama donde el anonimato, la impunidad y la falta de especialización institucional mantienen a las víctimas en una situación de riesgo constante.