La criminóloga Merced Sánchez advirtió que el sistema penitenciario en México —y Puebla no es la excepción— continúa operando bajo una estructura diseñada históricamente para hombres, lo que ha generado décadas de rezago, discriminación y violencia institucional hacia las mujeres privadas de la libertad.
Este legado proviene de los orígenes de la criminología moderna, cuando se creía que las mujeres, por “naturaleza”, no tenían la capacidad mental para delinquir.
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Una doble sentencia: penal y socialMerced Sánchez subraya que las mujeres enfrentan una doble sentencia: la que dicta el sistema penal y la que les impone su entorno familiar y social. Aunque ya cumplen una pena por un delito, siguen recibiendo una condena moral.
Esta estigmatización se agrava porque, a diferencia de ellos —que suelen involucrarse en delitos por beneficios económicos o posiciones jerárquicas dentro del crimen organizado—, las mujeres participan muchas veces por roles de cuidado, coerción o violencia de pareja. En delitos como el secuestro o el narcomenudeo, relata la criminóloga, se ha documentado que ellas cumplen funciones subordinadas: vigilar a una víctima, trasladar droga o encubrir a su pareja.
Confesiones bajo presión y violencia institucionalLa especialista advierte que el machismo y la violencia estructural alcanzan su punto más crítico cuando una mujer admite delitos que no cometió por temor a que sus hijas o hijos sufran agresiones.
El sistema penitenciario tampoco garantiza procesos dignos ni perspectiva de género. Sin redes de apoyo y con recursos limitados, la mayoría no accede a una defensa adecuada. En prisión, además, pueden ser víctimas de abuso y explotación dentro de las celdas, sin mecanismos eficaces de supervisión. Maternidades en prisión: 82% de las mujeres en prisión son madresEn Puebla, el 82.1% de las mujeres privadas de la libertad son madres, y algunas maternan dentro de las prisiones en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales: falta de luz natural, espacios inadecuados, infraestructura insuficiente y escaso acompañamiento. La Ley Nacional de Ejecución Penal permite que las mujeres tengan a sus hijas e hijos con ellas hasta los tres años, pero no garantiza condiciones dignas para su desarrollo. Además, si una mujer es la única cuidadora de un menor de hasta 12 años, puede solicitar medidas que le permitan continuar con su maternidad fuera del penal, siempre bajo el principio del interés superior de la niñez. Incremento de mujeres encarceladas y una crisis social pendienteSánchez señala que desde 2011 se observó un aumento sostenido de mujeres involucradas en actividades delictivas. Aunque aún no existen datos oficiales que definan con claridad los factores, afirma que debe analizarse en el marco de la actual crisis social: desigualdad económica, violencia, precarización laboral y falta de garantías para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
Un llamado urgente a transformar el sistemaLa criminóloga insistió en que el sistema penitenciario debe incorporar verdaderamente la perspectiva de género: reconocer las condiciones socioculturales que llevan a muchas mujeres a delinquir, protegerlas dentro de los penales, garantizar acceso a la justicia y asegurar condiciones dignas para ellas y para sus hijas e hijos.
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