De acuerdo con denuncias documentadas por colectivas feministas y organizaciones defensoras de los derechos reproductivos, Puebla y Tlaxcala se encuentran entre las entidades del país donde persisten obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE), a pesar de que la práctica ya fue despenalizada hasta las 12 semanas de gestación. En el caso de Puebla, se ha señalado que la mayoría de los municipios carece de unidades médicas habilitadas para ofrecer servicios de interrupción del embarazo. Esta situación obliga a muchas mujeres a interrumpir el embarazo por su cuenta, ante la falta de recursos económicos, tiempo o condiciones laborales que les permitan trasladarse a la capital del estado, donde se concentran los pocos servicios disponibles. Además, organizaciones han documentado que, cuando las mujeres solicitan medicamentos para abortar, en múltiples ocasiones solo se les entrega una parte del tratamiento. Un ejemplo recurrente es la entrega exclusiva de Misoprostol, sin incluir Mifepristona, lo que disminuye la eficacia del procedimiento. Obtener este último fármaco en México sigue siendo difícil y costoso, de acuerdo con información del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS). Te puede interesar: Puebla registró 479 abortos legales en 2025; hay limitaciones en su práctica En Tlaxcala, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto hace aproximadamente un mes, solo el Hospital Regional de Tzompantépec y el Hospital Comunitario de Apizaco han sido designados para brindar el servicio. A la limitada cobertura hospitalaria se suma que, durante el último mes, ambos hospitales se han negado a realizar el procedimiento a mujeres que han acudido a solicitarlo, bajo el argumento de no haber recibido una notificación oficial sobre los cambios legales. Así lo informó Rosario Texis, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser Tlaxcala). Ante esta negativa, las pacientes suelen ser canalizadas a organizaciones civiles, como Ddeser, donde reciben información y acompañamiento para acceder a otros servicios. No obstante, la defensora subrayó que corresponde al Estado garantizar la atención directa en los servicios de salud públicos. Adicionalmente, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) identificó en 2023 que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene una norma interna que impone requisitos adicionales para acceder a la interrupción del embarazo. Esta disposición, que originalmente se aplicaba únicamente en casos de violación, fue extendida a todos los supuestos legales y contempla exigencias como la realización obligatoria de un ultrasonido, la solicitud de una opinión jurídica, la presentación de una solicitud firmada por dos testigos, o incluso una orden emitida por un juez o un agente del Ministerio Público. De acuerdo con el Gobierno de México, el acceso al aborto legal y seguro forma parte esencial de los servicios de salud reproductiva a los que tienen derecho las mujeres. Este derecho se sustenta en principios fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la salud —incluida la salud reproductiva—, la integridad física, la vida privada, la no discriminación y la autonomía reproductiva.
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