Los niños indígenas de Ayahualtempa no pueden salir de su comunidad por temor a ser secuestrados y asesinados por los grupos del crimen organizado que controlan la región y están en conflicto con la policía comunitaria que rige su pueblo. 

Aquí ya no resulta sorprendente la noticia de que varios de los niños de esta comunidad se ofrecen como voluntarios para capacitarse en el uso de armas de fuego y abandonan su estudios, los  mismos que deberían prepararlos para un mejor futuro. Sin embargo el futuro luce incierto para los menores de ésta comunidad. 

Y es que elementos de la Policía Comunitaria en la comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, afirman que buscarán que 120 niños más sean entrenados este año para unirse a las filas de su corporación para enfrentar el crimen organizado.

Toribio Gaspar, policia comunitario encargado de la "capacitación" de estos niños, asegura que son los menores los que asumen el compromiso por sí mismos, después de que varios de ellos presenciaron el asesinato de un integrante de la Policía Comunitaria, Fracción Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en la parte de atrás de la secundaria de la localidad. 

Tienen entre seis y 15 años de edad, y tienen que defender su comunidad con armas de fuego. Esa es la dura realidad en el poblado de Ayahualtempa, en el estado mexicano de Guerrero, uno de los más pobres del país.

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Bajo la atenta mirada de sus madres, los menores son adiestrados para protegerse y proteger a los suyos del acoso de los narcotraficantes. Los niños han sido integrados en la policía comunitaria del municipio de José Joaquín de Herrera, que cuenta con más de 200 miembros.

Desde hace varios años, Ayahualtempa es objetivo constante de una banda conocida como Los Ardillos, debido a su emplazamiento clave para la producción y el tráfico de goma de opio, materia prima con la que se produce heroína. 

La violencia es causada por el narco, pero el problema se hace más complejo por las disputas del control político en los municipios de la zona, pues estas disputas representan el acceso de recursos públicos en una región donde el 69% vive por debajo de la línea de pobreza. 

Las autoridades comunitarias aseguran sentirse totalmente desamparadas por parte del gobierno federal, al que han pedido ayuda, sin suerte, en numerosas ocasiones. Aseguran que ese desamparo es el que les ha llevado a tomar esta drástica e impactante decisión.

En la cancha de la comunidad fueron presentados los niños que se armarían, todos hijos de policías  comunitarios.

Esta agrupación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) fue la primera que presentó a niños armados como policías ciudadanos y en dos años han incorporado a 52 menores.