El 3 de mayo se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. En este día se analiza el estado de la libertad de prensa en todo el mundo, la defensa de los medios de comunicación frente a los ataques a su independencia, y se recuerda a las y los periodistas que han perdido la vida en la labor de su trabajo. 

Patricia Méndez, integrante de la Red de Periodistas de Puebla (RPP), cuenta en entrevista para El Popular, periodismo con causa, que la red tiene un registro de 91 casos de agresiones al gremio desde el año 2020, año en que se conformó la organización. 

En lo que va del 2023 han contabilizado 10 agresiones, en 2022 registraron 40, en 2021 cerraron con 23 casos y en 2020 fueron 18 agresiones, lo que quiere decir que año con año este tipo de situaciones son más frecuentes.

En la mayoría de los casos, los señalados como agresores son parte de las áreas de seguridad municipales, como los policías, quienes han intimidado y amenazado a las y los reporteros mientras realizan coberturas, particularmente de siniestros. También hay denuncias por censura y agresiones físicas, aunque es menos común. 

“Uno de los proyectos que tiene la Red de Periodistas es que en este año se puedan completar cursos de capacitación para las áreas de seguridad municipales”, dijo Mendez, esto con la finalidad de que periodistas y policías puedan realizar sus labores respetando el trabajo del otro. 

La reportera señaló que las intimidaciones suelen escalar a niveles más altos, como ataques a la privacidad del reportero o periodista, pues hackean las redes sociales de quienes consideran una amenaza.

Explicó que, en los casos más delicados, con el hackeo obtienen información personal importante ya sea de ellos o de sus familiares y amigos.

Ante casos de agresión, la RPP intenta darles seguimiento y ayudarles a conseguir asesoría legal. Además apoya con protocolos de protección, capacitaciones y vinculación con otros organismos protectores, como Artículo 19. 

El caso Marín-Cacho

Uno de los casos más polémicos que ha registrado Puebla en materia de violación a la libre prensa es el caso Mario Marín - Lidia Cacho, en el que el exgobernador usó sus influencias para intimidar, torturar y secuestrar a la periodista, como respuesta a que ella descubrió una red de corrupción. 

El político fue detenido hasta febrero de 2021 bajo los cargos de tortura y el arresto ilegal de la periodista Lydia Cacho en 2005.