Junio es mundialmente reconocido como el mes del Orgullo LGBT+, y en este marco es que se realizan marchas y también protestas para exigir los derechos que se siguen negando para esta población, pues la discriminación y la inconstitucionalidad prevalecen. 

En Puebla, entidad famosa por ser conservadora, el avance de los derechos para la población lesbiana, gay, bisexual y trans ha sido a cuentagotas, incluso aunque a nivel federal hay leyes y resoluciones que deberían garantizar dichos derechos en todo el territorio nacional. 

Para las personas que aún se preguntan ¿Por qué seguir marchando? ¿Que no acaso ya se les reconoce y hasta miles de empresas y negocios ponen banderas arcoiris para incluirles? La respuesta está en los hechos.

Matrimonio igualitario

En junio de 2015 la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encargada de conocer asuntos civiles y penales, estableció que las leyes de cualquier estado del país que considere que la finalidad del matrimonio “es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional".

En 2010 la Ciudad de México fue la primera entidad en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y antes de la resolución de la corte, Quintana Roo, Coahuila y Chihuahua también lo hicieron. 

Después de la resolución, Puebla aprobó el matrimonio igualitario hasta noviembre de 2020, ante la constante presión de activistas, colectivos y legisladores aliades. En concreto, la entidad poblana fue la entidad número 16 en aprobarlo, por lo que durante 5 años tuvo en su Código Penal un artículo que resultaba inconstitucional. 

Con esta reforma los miembros de la comunidad LGBT+ pueden concretar una unión con la que accederán a derechos civiles que por mucho tiempo se les habían negado.

Con este cambio, el artículo número 294 del Código Civil del estado quedó de la siguiente forma: “El matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad, para llevar una vida en común, con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones”, eliminado las palabras hombre y mujer.

Cambio de identidad sexo-genérica 

Las poblaciones transgénero y transexuales son de las más vulneradas y precarizadas en términos de derechos, empezando con el hecho de que no tenían, hasta hace poco, asegurado su derecho a una identidad como tal, lo que es el primer acceso al resto de derechos. 

De nuevo, en 2008 fue la Ciudad de México la primera en garantizar el trámite administrativo para que una persona trans pudiera cambiar su identidad de género en su acta de nacimiento. 

En Puebla también es un tema que ha buscado garantizarse desde inicios del siglo XXI, e incluso en 2012 se presentó una iniciativa de ley para ello llamada Ley Agnes, nombrada así en homenaje a la activista y psicóloga Agnes Torres, quien a causa de la transfobia fue asesinada en marzo de ese mismo año. Sin embargo, esa iniciativa y otras más se fueron a la congeladora en el Congreso del Estado. 

Mientras tanto, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala hicieron los cambios en sus legislaciones para garantizar el derecho a la identidad de las personas trans. 

El 21 de febrero de 2021 el Congreso de Puebla aprobó finalmente la Ley Agnes, permitiendo a toda persona mayor de 18 años cambiar su identidad de género en sus documentos, sin embargo, tan sólo dos años después, la legislación actual se enfrenta al incumplimiento de otra resolución de la SCJN, pues en 2022 declaró como inconstitucional no permitir el acceso a este trámite a las personas menores de 18 años. 

Así, aunque Puebla tardó 12 años en garantizar el derecho de identidad para las personas trans (tomando como referencia el año en que la CDMX lo hizo), aún tiene un pendiente con las infancias trans. 

*Con información de Carolina Valenzuela