Estos son los datos de cárceles en Puebla y condiciones de agresión a Derechos Humanos

Datos demuestran que las condiciones de los cárceles o centros penitenciarios en el estado de Puebla han sido objeto de severas críticas y preocupaciones debido a las graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan los internos.

Un exhaustivo diagnóstico realizado por la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDHP) en 2021, reveló una situación alarmante en varios aspectos clave de las instalaciones carcelarias.

Según el informe de la CDHP, seis de los 16 centros penitenciarios evaluados en Puebla no cumplen con los estándares mínimos de dignidad para los presos. Las deficiencias más críticas incluyen:

• Iluminación y Agua Caliente: Muchas áreas, especialmente las cocinas, carecen de iluminación adecuada. Además, la falta de agua caliente para las duchas es una constante que afecta la higiene básica de los internos.
• Condiciones Sanitarias: Los sanitarios presentan condiciones antihigiénicas, con instalaciones frecuentemente sucias y en mal estado de mantenimiento.
• Sobrepoblación y Espacios Inadecuados: Varios centros, como el penal de Acatlán de Osorio y Huejotzingo, operan muy por encima de su capacidad designada, lo que agrava el hacinamiento y afecta la calidad de vida de los internos.

Sobrepoblación y Problemas Estructurales

El problema de la sobrepoblación es especialmente preocupante en las cárceles poblanas. Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), la sobrepoblación promedio en noviembre de 2023 alcanzó el 39.22% en todo el estado.

Esto significa que la mayoría de cárceles operan con un número de internos mucho mayor al que pueden albergar adecuadamente.

Ejemplos claros de sobrepoblación incluyen al penal de San Miguel en Puebla capital, diseñado originalmente para 2,322 reclusos, pero que alberga a más de 4,300 personas al corte del año pasado.

Esta situación no solo compromete la seguridad y salud de los internos, sino que también dificulta la gestión efectiva del centro.

Intervenciones del gobierno estatal y repercusiones legales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha intervenido en múltiples ocasiones para exigir mejoras en las condiciones penitenciarias de Puebla. Estas han sido cruciales para garantizar que las autoridades locales cumplan con los estándares mínimos de derechos humanos en el sistema carcelario.

Durante la administración del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, se anunciaron inversiones significativas para mejorar la infraestructura y condiciones de varias cárceles en Puebla.

Sin embargo, los resultados de estas inversiones aún no bastaron para resolver los problemas estructurales y de gestión que persisten en muchas instalaciones.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Puebla se ubicó entre los estados con las peores condiciones de reclusión en México, con una calificación promedio de 5.35 puntos.

Este posicionamiento refleja la magnitud del desafío que enfrenta el estado para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos en sus cárceles.

La CDHP y otras organizaciones han emitido múltiples recomendaciones para mejorar las condiciones penitenciarias en Puebla. Así como instar la necesidad de aumentar la supervisión, mejorar la atención médica, y abordar de manera urgente el problema de la sobrepoblación.

Sin embargo, pese a los intentos de autoridades de gobierno, los datos reflejan que las cárceles de Puebla enfrentan una crisis profunda que afecta la dignidad y derechos humanos de sus internos que limitan su reinserción social. Pues los reclusos no garantizan siquiera un trato humano y conforme a derecho dentro del sistema penitenciario del estado.