En Puebla, la posibilidad de despenalizar el aborto ha aumentado, pues este viernes es una fecha clave para lograrlo. Por ello, nos hemos dado a la tarea de resaltar la importancia de lograr las modificaciones al código penal en el estado.
De acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) una organización no gubernamental argentina en defensa de los derechos humanos, la penalización hace que los abortos sean clandestinos, que se practiquen de forma insegura y que lamortalidad de las mujeres pobres y jóvenes sea elevada. Por ende, la penalización nunca ha sido un medio efectivo para proteger al embrión. Su protección puede lograrse mediante políticas públicas que, a la vez, sean consistentes con los derechos de las mujeres.
Marcha por la legalización del aborto en Puebla. Foto: EsImagen
Por ello, CELS considera estas 10 razones para despenalizar el aborto:
La penalización del aborto impacta negativamente en el acceso a los abortos legales: Si bien no existe evidencia concluyente que determine cuántos de los abortos clandestinos corresponden a casos de aborto legales previstos en el Código Penal, sí existe evidencia respecto a que una gran cantidad de mujeres que tienen derecho a un aborto legal y seguro no pueden acceder a él.
La falta de acceso a abortos seguros pone en riesgo la vida o salud de la mujer y produce muertes por causas indirectas: La muerte de varias mujeres sería evitable si hubiesen recibido consejería integral en anticoncepción que les permitiera prevenir un embarazo que afectara aún más su estado de salud o si, una vez embarazadas, hubiesen sido asesoradas acerca de los riesgos para su salud.
La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado en mujeres pobres y jóvenes: Las mujeres de nivel socioeconómico medio y alto acceden a una atención sanitaria adecuada y segura y, en general, no sufren complicaciones postaborto. Las de bajos recursos, en muchos casos adolescentes, se ven obligadas a practicarse intervenciones en la clandestinidad y en condiciones sanitarias precarias.
La penalización del aborto expone a las mujeres a ser víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes: Las mujeres que solicitan un aborto no punible son víctimas de juicios reprobatorios y maltrato institucional. Se les niega la práctica dejando a la mujer librada a su suerte, intentan convencerla para que desista, y sufren intervenciones ilegales de operadores de la justicia y abogados que intentan impedir la práctica.
La penalización del aborto aumenta la mortalidad y morbilidad de las mujeres por abortos inseguros: El aborto inseguro constituye un grave problema de salud pública que conlleva serios riesgos para la salud y la vida de miles de mujeres.
La penalización del aborto induce a las mujeres a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para su vida: Tal como señaló la OMS, en los países con legislaciones que permiten el aborto bajo un modelo de indicaciones amplias, la incidencia y las complicaciones derivadas de un aborto inseguro son menores que en los lugares donde el aborto legal está más restringido.
La penalización del aborto valida un mercado millonario y clandestino que lucra con la autonomía de las mujeres: La penalización del aborto valida, de modo inadmisible, un mercado clandestino que maneja cifras millonarias y que lucra con la vida, la salud y la autonomía de las mujeres.
La penalización del aborto no disuade a las mujeres de practicarse abortos: El altísimo número de abortos evidencia, por sí solo, el poco o nulo efecto disuasorio de la ley sobre las mujeres.
La penalización del aborto viola los derechos humanos fundamentales de niñas, adolescentes y mujeres: La omisión estatal de brindar a las mujeres la posibilidad de ejercer sus derechos reproductivos tiene como resultado anular el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, dignidad y a estar libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La norma penal es escasamente aplicada: La persecución judicial y policial del delito de aborto es muy baja en relación a la frecuencia de su práctica. Tal conclusión se desprende de la enorme diferencia entre las cifras del aborto clandestino y las de mujeres encarceladas por este delito.
“Todos los individuos y grupos, incluyendo jóvenes y adolescentes, tienen derecho a información basada en la evidencia sobre todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva, incluyendo salud materna y el aborto seguro y atención posaborto…”. La desinformación y las restricciones en el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva son una violación a los derechos humanos, mencionó la ONU.
