Miércoles 03 Septiembre 2025

Un centenar de adolescentes trans de Puebla deben enfrentar trabas burocráticas para acceder al reconocimiento de su identidad de género en documentos oficiales, esto debido a que el Congreso de Puebla mantiene en la ‘congeladora’ las reformas necesarias a la ley para garantizarles ese derecho.

La Asociación Protectora de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS), reveló en una entrevista para Publimetro, que su organización ha acompañado a al menos 100 adolescentes entre 11 y 17 años de distintos municipios poblanos, entre ellos Atlixco, Huauchinango,Puebla Capital, Tehuacán,Texmelucan y Teziutlán, a realizar el trámite de nuevas actas de nacimiento acordes a su identidad de género autopercibida en otras entidades de la república. 

El colectivo reconoció que en Puebla, las oficinas del registro civil aún solicitan peritajes, diagnósticos médicos y psicológicos para realizar el trámite, por lo que los solicitantes deben viajar a estados como Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Sinaloa, donde sí se reconoce el derecho a la identidad de las infancias trans. 

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En cuanto al tema legislativo, representantes de la organización civil recordaron que en 22 estados de la república mexicana, la Ley Agnes ya es reconocida, y garantiza el derecho a la identidad de las personas trans adultas; sin embargo en Puebla, las reformas para menores de edad aún están pendientes de discusión en el pleno. 

Ante este panorama, el Congreso de Puebla anunció que para el próximo periodo legislativo, que comenzará el 15 de septiembre, se abordarán las reformas concernientes a las infancias trans, entre ellas, la rectificación de actas de nacimiento de acuerdo a su identidad de género autopercibida. 

En marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Puebla modificar el Código Civil para permitir que las infancias trans puedan acceder a este trámite de manera gratuita y sin discriminación, sin embargo, la discusión se ha aplazado pese a ser un tema urgente para la protección de los derechos de la niñez.