Las luchas feministas en México han sido determinantes en la transformación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el día de hoy conmemora su 109 aniversario, al lograr cambios que van desde el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres hasta reformas recientes orientadas a garantizar la igualdad sustantiva y cerrar brechas históricas de desigualdad. Uno de los cambios más relevantes se concretó en 1953, cuando se reformó el Artículo 34 constitucional para reconocer a las mujeres como ciudadanas con plenos derechos civiles y políticos, lo que les permitió votar y ser votadas. Esta modificación fue resultado de años de organización y movilización de colectivos feministas que demandaban participación política en condiciones de igualdad. Posteriormente, en 1974, se reformó el Artículo 4°, estableciendo de manera expresa que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esta reforma también incorporó el derecho a decidir de forma libre e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, ampliando el marco constitucional en materia de autonomía reproductiva. Entre 2024 y 2025, el Congreso de la Unión aprobó un nuevo paquete de reformas constitucionales que modificaron los artículos 4, 21, 41, 73, 116 y 123, con el objetivo de fortalecer la protección jurídica de las mujeres. En este periodo se incorporó el principio de igualdad sustantiva, que obliga al Estado a garantizar no solo la igualdad formal, sino el ejercicio efectivo de los derechos. Te puede interesar: Mujeres que abrieron camino en la lucha feminista y cambiaron la historia En el ámbito laboral, la reforma al Artículo 123 estableció la obligación de erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres, bajo el principio de “a trabajo igual, salario igual”, sin distinción por razón de género. A la par, se amplió la obligatoriedad de la paridad de género en la administración pública federal y local, incluyendo la integración de gabinetes paritarios. Las modificaciones constitucionales también alcanzaron al sistema de seguridad pública y procuración de justicia. Los artículos 21, 41 y 116 incorporaron la exigencia de que las instituciones actúen con perspectiva de género, particularmente en la atención de delitos relacionados con violencia contra las mujeres. Estos cambios se complementan con leyes generales y reformas específicas impulsadas en los últimos años, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Olimpia, la Ley Sabina y las reformas en materia de violencia vicaria, que han ampliado el marco legal para la prevención, sanción y atención de distintos tipos de violencia. En el plano institucional, las reformas establecieron la creación de fiscalías especializadas en delitos por razones de género en todas las entidades federativas, así como el Registro Nacional de Medidas de Protección para mejorar la coordinación interinstitucional. En 2025, además, se formalizó la transformación del Instituto Nacional de las Mujeres en la Secretaría de las Mujeres, con mayores atribuciones en el diseño de políticas públicas. Estos procesos son muestra de cómo las demandas del movimiento feminista derivaron en cambios al marco constitucional, legal e institucional, orientados a garantizar la igualdad de derechos y la protección jurídica de las mujeres en México. |