A 11 meses del homicidio de dos niñas en Sinaloa, un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por su presunta responsabilidad en la muerte de Leidy, de 11 años, y Alexa, de 7, así como por la tentativa de homicidio contra cuatro integrantes más de su familia. Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, cuando la familia transitaba en una camioneta rumbo a la escuela. Tras encontrar bloqueada la vía, retornaron a su domicilio, momento en el que un convoy militar abrió fuego contra el vehículo sin previo aviso. En un inicio, las autoridades informaron que se trató de un enfrentamiento, versión que no fue modificada posteriormente.
El pasado 31 de marzo de 2026, las víctimas fueron notificadas sobre la ejecución de órdenes de aprehensión contra 13 elementos del Ejército Mexicano. Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la Fiscalía General de la República (FGR), presentó datos de prueba en los que se establece el uso letal de la fuerza de manera injustificada, sin apego a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Las defensas de los elementos castrenses argumentaron que los hechos ocurrieron debido al clima de violencia en Sinaloa, bajo condiciones de alerta y tensión. No obstante, el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, con sede en Los Mochis, determinó la vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura de dolo eventual, al considerar que existía previsibilidad en el resultado letal derivado del accionar de las armas. Te puede interesar: Organizaciones alertan retroceso tras aval de la Corte para eliminar fondo de reparación a víctimas La jurisdicción militar inició una investigación sobre los hechos, situación que se encuentra bajo litigio en relación con los estándares internacionales sobre la participación del fuero militar en casos de violaciones graves a derechos humanos. Durante la audiencia, los padres de las niñas estuvieron presentes y expusieron las afectaciones derivadas del hecho, así como su interés en que el proceso judicial avance de manera diligente. Con la vinculación a proceso, el caso entra a la etapa de investigación complementaria, en la que la Fiscalía General de la República deberá robustecer la indagatoria. A la par, el Poder Judicial de la Federación continuará con el desarrollo del proceso. El caso se suma a otros procesos relacionados con el uso de la fuerza por parte de elementos del ejército. Las familias de las víctimas señalaron que continuarán con las acciones legales para exigir justicia, al igual que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. |