Integrantes del Movimiento de Personas con Discapacidad denunciaron fallas de accesibilidad, seguridad y coordinación interna durante una visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde buscaban entregar un posicionamiento contra el debilitamiento del derecho de consulta para este sector. El incidente ocurrió el pasado 9 de septiembre, cuando el colectivo acudió al máximo tribunal para entregar copias del documento a las y los ministros y solicitar audiencias privadas. Aunque una representación logró ingresar por una puerta lateral con elevador, posteriormente enfrentó restricciones para desplazarse dentro del inmueble y entregar directamente el posicionamiento en la oficina del ministro presidente. El acceso principal de la Corte, donde se encuentra la Oficialía de Partes, no cuenta con elevador y el ingreso se realiza mediante escaleras, por lo que el grupo utilizó la Puerta 2, equipada con elevador para personas con movilidad limitada y usuarias de silla de ruedas. 
Sin embargo, durante el recorrido se presentaron problemas de comunicación entre las áreas de seguridad. Uno de los integrantes del grupo fue cuestionado por personal de vigilancia por desplazarse dentro del inmueble sin gafete, pese a que había ingresado acompañado de personas con discapacidad y, de acuerdo con el colectivo, contaba con autorización de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa para recoger documentación. Más tarde, cuando el grupo recorrió las oficinas de las y los ministros para entregar el posicionamiento, personal de seguridad restringió nuevamente su acceso al segundo piso, donde se encuentra la oficina del presidente de la Corte. Los integrantes explicaron que su intención era entregar directamente una copia del documento al ministro presidente, pero inicialmente se les indicó que se trataba de un área restringida. Posteriormente, parte del grupo fue conducida hacia la salida y al integrante que permaneció dentro del inmueble se le indicó que la copia debía entregarse en Oficialía de Partes. De esta manera, el documento dirigido al presidente de la Suprema Corte terminó siendo recibido por la Oficialía de Partes de la Presidencia, después de que el acceso a la oficina fuera inicialmente impedido. La situación ocurrió mientras el Movimiento de Personas con Discapacidad busca que la Corte resuelva el alcance de la consulta previa, informada y obligatoria para esta población. El origen del conflicto se encuentra en la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. El proyecto de la ministra Lenia Batres analiza una reforma relacionada con la periodicidad de las visitas a personas con discapacidad psicosocial internadas en hospitales psiquiátricos. Te puede interesar: Personas con discapacidad exigen a la Suprema Corte definir derecho a la consulta El 7 de octubre de 2025, Batres planteó que la falta de consulta no debía llevar automáticamente a invalidar una norma cuando los derechos sustantivos de las personas con discapacidad no fueran afectados. La propuesta generó movilizaciones y la entrega de cientos de firmas para defender la consulta como una obligación constitucional y convencional. El 13 de octubre de 2025, el colectivo entregó 777 firmas y se manifestó frente a la Corte. Después se realizó una audiencia pública en la que, según el informe oficial, 73 de las 88 participaciones se pronunciaron contra el debilitamiento de la consulta. En abril de 2026, las organizaciones entregaron otra carta, ahora respaldada por más de 850 firmas, para solicitar que el asunto fuera retomado. 
El proyecto volvió a ser listado para discusión el 24 de agosto de 2026, pero fue retirado nuevamente antes de que el Pleno pudiera debatirlo. Con ello, la discusión volvió a quedar sin una fecha definida. El colectivo señaló que el primer retiro ocurrió en octubre de 2025 y que el asunto regresó a discusión hasta agosto de 2026, 285 días después, pese a que el Reglamento de Sesiones de la Corte establece un plazo de 30 días naturales para que los proyectos retirados sean reintegrados al debate. Durante la reunión con la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la juzgadora sostuvo que la consulta debe ser previa, informada y obligatoria y explicó que, conforme a las posiciones expresadas entre los integrantes del Pleno, se requeriría un voto adicional para consolidar esa postura. El Movimiento de Personas con Discapacidad pidió a las y los ministros retomar el expediente y resolverlo conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a los criterios previamente establecidos por la propia Suprema Corte.
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