Se aproximan las elecciones más grandes de la historia del país, tanto por el crecimiento de electoras y electores como por la cantidad de cargos populares que se elegirán, debido a que las entidades del país tendrán elecciones locales que se suman a las federales, es decir, un total de 21 mil cargos populares.

Sin embargo, en Puebla se está luchando por alcanzar la equidad de género, anular la violencia en contra de las mujeres y por ende los feminicidios, pero aquellos posibles candidatos a una diputación local no están tan dispuestos a “subirse al barco”, a pesar de que vaya en contra de “sus principios” o continúen predicando su feminismo como lo han hecho hasta ahora.

Tal es el caso del diputado Gabriel Biestro Medinilla, quien ya cuenta con su registro para ser alcalde de Puebla pero que ha tenido acercamientos con el movimiento feminista por no cumplirles lo prometido. El pasado 15 de diciembre del 2020 las colectivas y diputados del Congreso local, entre ellos, Biestro Medinilla, firmaron un acuerdo para que las mujeres que tenían tomado las instalaciones del Poder Legislativo, liberaran el inmueble.

Se tenía estipulada una mesa interinstitucional con respecto a la Alerta de Violencia de Género y a la Interrupción Legal del Embarazo (aborto legal), acuerdos no se cumplieron al 100 por ciento, ya que los legisladores dejaron sus cargos de elección popular para buscar otros. 

El contenderá como precandidato por parte de Morena por la alcaldía de Puebla, por lo que prefirió dejar de lado el tema. Incluso algunos colectivos feministas comentaron que “evadió” sus responsabilidades legislativas.

Mónica Lara Chávez, quien el pasado 3 de marzo dejó la bancada con el Partido Encuentro Social (PES) para adherirse al del Trabajo (PT), buscará un cargo popular.

En octubre de 2020 propuso dos iniciativas ante el Congreso del Estado, para que todos los agresores de mujeres tomen cursos para lograr un verdadero cambio social: el primero para sensibilizar y concientizar, para prevenir y erradicar todos los tipos de violencia; y otro en perspectiva de género, para evitar que los agresores reincidan en el delito.

A raíz de las altas cifras de abandono paterno, la diputada Lara Chávez propuso reformar el Código Penal para que se apliquen penas de cárcel de 6 y hasta 12 años a quienes abandonen a su pareja embarazada. De igual manera, fue ella quien propuso eliminar la violencia mediática a través de encabezados que denigren a la mujer.

María del Carmen Saavedra Fernández pidió licencia al cargo para buscar un cargo popular. Actualmente figura en la bancada de Morena, sin embargo, fue panista.

Debido a que Acción Nacional es un partido conservador, Saavedra Fernández siempre se pronunció abiertamente en contra del derecho a la interrupción legal del embarazo en Puebla.

Además, con los hechos del pasado 8 de marzo en la marcha en el Día Internacional de la Mujer, mencionó que si bien las mujeres han sido acosadas y violentadas “la violencia no se resuelve con más violencia”; además, que la incitación a cometer ese tipo de actos no solo ponen en riesgo la vida de quienes efectúan sino de las personas que se encuentran en el lugar.

Liliana Luna Aguirre, diputada que pidió licencia para buscar una aspiración a un cargo popular por el PRD, también se suma a la lista de posibles candidatos que no pretenden avalar la legalización del aborto.

Sin embargo, cuando se realizó la votación para aprobar el matrimonio igualitario en Puebla, su posicionamiento fue a favor.

La última de la lista es Vianey García Romero, quien se ha caracterizado por apoyar el movimiento feminista desde que se incorporó a las filas de Morena.

Cuando rindió protesta, fue acompañada de una rosa blanca y una bandera multicolor, en señal de apoyo también al movimiento LGBT +.

En enero del presente año señaló que se está trabajando en materia de despenalizar el aborto, y supuestamente, en abril se estaría presentando la iniciativa de ley.

Añadió que no sólo irán las propuestas de los grupos feministas, sino que también se incluirán las de quienes no están a favor; esto derivado a que no se sabe cuántos diputados realmente están en contra, pues algunos que actúan por presiones externas de grupos eclesiásticos.