EL DISCURSO VACÍO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

De acuerdo al INEGI, el costo de la corrupción es de 7,217 millones de pesos, que equivale al 0.4% del PIB.

La vecindad Podcast

Memorias del Crimen

“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”

Francisco de Quevedo, Escritor español

 

 

 

El discurso anticorrupción es la bandera del Presidente, lo fue como Candidato y a casi dos años de Gobierno, sigue vigente.

 

La Organización Transparencia Internacional define la corrupción como “el abuso del poder para beneficio propio”. El diagnóstico es correcto en cuanto a la percepción generalizada en México; la corrupción está considerada como uno de los principales problemas del país, sólo por detrás de la inseguridad, la economía y ahora la crisis sanitaria ocasionada por el COVID de acuerdo al INEGI.

 

El Presidente ha monopolizado el origen de todos los males de México a la práctica de la corrupción aunque en el anterior Gobierno se creía que “la corrupción es un asunto cultural”.

 

La corrupción lastima a la sociedad, acaba con la confianza y encarece las transacciones públicas y privadas. Se privilegia el abuso para beneficio propio y no el de la meritocracia y la honestidad.

 

El INEGI estima que el costo de la corrupción es de 7,217 millones de pesos, que equivale al 0.4% del PIB. Las cifras indican que la mayor incidencia de corrupción se da en el contacto con la policía en el 59.2% de los casos, después de los trámites de licencias, carta de antecedentes no penales, pensiones e incapacidades de empleo que suman el 44.9 %

 

Con la repetición del discurso anticorrupción como método de persuasión. En el 2019, México subió 8 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el ranking que año con año elabora Transparencia Internacional. Pasó del lugar 138 (de 180 países) al 130. Por debajo de El Salvador, Bolivia y Brasil.

 

Caso similar al 2001 con el Presidente Vicente Fox cuando después de una elección histórica y gracias al bono democrático, en aquel año mejoraron los índices de percepción de la corrupción en el mismo ranking como sucede hoy.

 

El INEGI reportó que en 2019 aumentó la confianza y satisfacción de los ciudadanos con el gobierno federal de 25.5 % a 51.2 % en 2019.

 

La pregunta es: ¿Qué política ha implementado el Gobierno para combatir la corrupción e incidir en esta percepción favorable? NINGUNA.

 

El discurso ha sido de carácter moral para combatir a la corrupción, y no se traducido en leyes y apoyo a instituciones que la combaten, es decir, se ha quedado en palabras y buenas intenciones sin resultados en lo concreto. Paradójicamente la percepción social no corresponde a la realidad. Los datos duros lo comprueban.

 

En el 2019, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el costo por corrupción en una oficina pública aumentó 64.1 % con respecto a 2017, es decir, cada ciudadano pagó $ 3,822 pesos por el costo de la corrupción.

 

Pese a que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal prohíbe las adjudicaciones directas. Hasta julio de 2020 el 77.2% de las compras del Gobierno Federal fueron adjudicaciones directas y en su mayoría a empresas de reciente creación y sólo el 12.8 % de licitaciones públicas.

 

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el 60% de los programas sociales que impulsó el Presidente en 2019, carecen de indicadores de resultados y no identifican los objetivos que pretenden resolver.

 

Los escándalos de corrupción no cesan en el círculo más cercano del Presidente como: el ocultamiento de bienes y nepotismo, los falsos proveedores de la CONADE, el desfalco al fideicomiso de atletas de alto rendimiento, la compra en el IMSS a empresa inhabilitada, el video escándalo del hermano del Presidente recibiendo dinero en efectivo, el uso de empresas fantasmas por parte del Vocero del Presidente, etc.

 

La realidad no se puede cambiar por decreto. Un problema complejo, multifactorial y arraigado en un país de caudillos y no de leyes, no se puede solucionar con medidas simplistas y moralistas. El Sistema Nacional Anticorrupción era un buen comienzo que no ha sido fortalecido durante la actual administración. Hasta que el discurso se traduzca en hechos, podremos ser testigos de lo que se dice en Palacio Nacional: “No hay corrupción arriba… Si el presidente es honesto, la corrupción no se da, porque se fomenta de arriba para abajo”.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, periodismo con causa.