El Expediente Lozoya

Un asunto prioritario en la agenda nacional que nos interesa a todos los mexicanos apresurar y obtener resultados tangibles en este arranque de año es el tema del combate a la corrupción. Y en relación a ello se encuentra abierta y pendiente la carpeta del Caso Lozoya-Odebrecht.

Precisamente esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó un “recadito” a la Fiscalía General de la República para que no baje la guardia en el avance de este expediente a casi ya seis meses de la extradición del ex-director de Pemex.

“Es necesario, lo digo de manera respetuosa porque la Fiscalía es autónoma, creo que es importante que se informe sobre el estado de esta investigación”, expresó AMLO.

No tardó mucho la FGR en responder al mensaje presidencial. En un comunicado la dependencia aseguró que se alista para proceder penalmente contra algunos de los exfuncionarios señalados por Lozoya por supuestos actos de corrupción.

Según el protocolo, la próxima semana judicializaría la carpeta de investigación que inició por la denuncia presentada por el ex-director de Pemex en agosto del año pasado y con la que el acusado busca alcanzar un “criterio de oportunidad”.

En medio de todo esto existen dos grandes preguntas. Primero, ¿contra quiénes de las 70 personas que mencionó en su denuncia tiene ya la FGR elementos de prueba suficientes para llevar los casos ante un juez federal? Y segundo, ¿en que consiste específicamente el llamado “criterio de oportunidad” y en qué momento justo se daría?

La lista de señalados incluyen a Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade, ex-secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores. También contra Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle Maury, Ricardo Anaya, David Penchyna, Ernesto Cordero, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño, entre otros.

Entre los “tiburones gordos” también están los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, a quienes se les acusa de “lavado” de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales, según la FGR.

El Expediente Lozoya tiene ya mucha historia. Las primeras carpetas de investigación se abrieron el 27 de enero de 2017 con base en las denuncias presentadas por Pemex por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Luego de solicitar colaboración a la Interpol finalmente se logró la captura del ex-directivo en España y su procedimiento de extradición concluyó en julio de 2020, debido a que el acusado se allanó para solicitar un “criterio de oportunidad”.

Actualmente, el ex-funcionario está vinculado a proceso por lavado de dinero y asociación delictuosa por ambos casos, pero lleva su proceso en libertad mediante el uso de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el juzgado y la prohibición de salir de México.

Una buena forma de iniciar este 2021 es sin duda mostrando resultados tempranos en los casos de corrupción ya abiertos. Por ello, la petición presidencial de esta semana para acelerar el Expediente Lozoya resulta muy oportuna y necesaria.

Lo justo, sin embargo, sería no solo apresurar las investigaciones en turno contra los políticos de los partidos rivales, sino también poner el ejemplo y dejar un precedente contra tantos casos expuestos y en carpeta que existen contra funcionarios y políticos de afiliación morenista.

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