Pasada las elecciones del 6 de junio la atención política ahora se traslada a lo que sucederá en los próximos tres años en el Congreso federal luego de que Morena y sus aliados han perdido el control legislativo dominante.

Los resultados del domingo impiden al partido del Presidente contar con la llamada “mayoría calificada” (dos terceras partes de la votación), ventaja con la cual hicieron en el pasado una serie de maniobras constitucionales a modo de Palacio Nacional. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, la “mayoría calificada” es aquella que exige un porcentaje especial para alguna votación, como dos tercios o tres cuartas partes del número total de votos o votantes; es decir, por encima de la votación requerida para la mayoría absoluta.

Esto es una buena noticia porque Morena ya no podrá revertir leyes constitucionales como las que ha intentado pasar para limitar —por ejemplo— a las empresas privadas para favorecer a las estatales. 

La Cámara de Diputados en México se integra actualmente por 500 representantes que se renuevan cada tres años. De estos, 300 son electos por mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país (uninominales) y 200 electos por el sistema de representación proporcional (plurinominales).

Según estimaciones del INE, Morena y sus “socios” tendrían ahora menos de 300 curules. Con ello no logran la mayoría calificada. Con una representación así en el Congreso, intentar pasar una reforma constitucional del Presidente será mucho más complicado. Se requerirán de 334 votos para alcanzar la mayoría calificada durante una sesión en el pleno al momento de tomar una decisión o realizar una votación.

Con ello se reduce el riesgo en los próximos tres años de que pasen por la vía libre y rápida las reformas más buscadas por Andrés Manuel López Obrador, en particular las propuestas recientes que afectan al sector energético, las telecomunicaciones y las de Educación, en donde se han dado una serie de controversias importantes que han tenido que ir a disputar en las cortes por inconstitucionales.

En el pasado, el Presidente y sus aliados de Morena y otros partidos lograron pasar iniciativas de ley en materia de hidrocarburos y electricidad que limitaron mucho la participación privada y dieron manga suelta a las empresas del Estado que tienen relación en estos sectores, las cuales resultaban así con ventajas injustas.

Con los resultados de la elección, el foco estará también en la esperada reforma fiscal y los problemas del mercado laboral heredados de la pandemia. El presupuesto nacional será un tema también crucial, así como posibles redefiniciones en materia educativa y de seguridad que seguramente se replantearán.

Morena ciertamente se llevó triunfos claves en los estados (obtuvo la mayoría de las gubernaturas en pelea) e importantes alcaldías (menos en la Ciudad de México donde sufrió una derrota histórica).

El mayor beneficio a nivel país es que el Presidente ha perdido poder para enviar proyectos de reforma que sean aprobados con velocidad y a su modo. Ahora le hará contrapeso un Congreso más equilibrado —política e ideológicamente— sin duda un factor determinante para que funcione una auténtica democracia en México.