En una columna anterior discutíamos la relevancia que han tomado las redes sociales como agentes decisivos en nuestra cotidiana agenda política y social. En específico comentábamos la arena de odio y polarización en que se ha convertido Twitter.

Ahora le corresponde a otra plataforma social y a sus actores estar en el punto de discusión. Nos referimos a Instagram y a sus “influencers”, ambos herramienta y poderosos voceros de propaganda y persuasión en la vida real (y también ahora motivos potenciales para millonarias multas).

En esta ocasión el debate se centra en Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León por el Movimiento Ciudadano; y en los porristas “influencers” del Partido Verde Ecologista Mexicano.

Ambos organismos acreditaron sustanciales multas esta semana. El INE impuso al MC y a su candidatura dos sanciones que suman 83 millones de pesos, según informa el periódico El Norte.

La sanción mayor aplicada corresponde a 55 millones de pesos y está relacionada con los mensajes de apoyo electoral que subió Mariana Rodríguez a su cuenta de Instagram. El Consejo General del INE les atribuyó un costo no declarado por García en su campaña y, por tanto, una violación a la Ley Electoral.

El organismo se basó en una denuncia enviada por la Unidad de Fiscalización de dicha entidad electoral luego de contabilizar 45 fotografías y mil 300 historias de Rodríguez señaladas como “aportaciones prohibidas en especie”.

Por otro lado, el Consejo General del INE decidió castigar con casi 41 millones de pesos al Partido Verde y le prohibió el acceso a radio y televisión. Esto luego de dictaminar que “los Tucanes” pagaron un millón de dólares a 104 influencers y celebridades para promocionar el voto por el partido en plena veda electoral.

Sobre este caso del Partido Verde, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, indicó que dicho organismo político violó de forma evidente la ley al tratar de persuadir el voto ciudadano de manera alevosa e ilegal.

“Personas a cambio de dinero violaron la ley y la equidad electoral. Estamos ante un intento de fraude a la ley”, informó Córdova a los medios esta semana.

Estos dos casos sientan un precedente importante en nuestro sistema electoral. El uso de redes sociales para este tipo de propósitos ha pasado de ser una simple estrategia política que se practica a cualquier hora del día para ser ahora una táctica de proselitismo permanente. En veda electoral o sin veda electoral.

El alcance instantáneo de las comunicaciones hoy en día, y el motor de tecnología y algoritmos detrás de ello, solo prueban que nuestros métodos y políticas en ciertos entornos —como el electoral— son ya rebasados por el poder de quienes saben cómo dominar y potenciar las plataformas sociales.

Ciertamente la Ley es la Ley. Sin embargo, en un entorno digital y virtual el rigor de los reglamentos parece difuminarse al tiempo que el principio de libertad de expresión —y el libertinaje expresivo también evidente— crecen y se fortalecen. Interesantes casos que sin duda pasarán a un nuevo nivel de discusión social.