Nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se pegó solito un buen tiro al pie esta semana.

El canciller notificó que el gobierno mexicano presentó una demanda en contra de productores y distribuidores de armas en Estados Unidos a los que acusa de comercio negligente e ilícito del armamento que es traficado a México. La demanda fue interpuesta ante una Corte Federal en Boston.

Su argumento principal es que estos comerciantes han provocado con sus ventas ilegales un gran derramamiento de sangre en México. Dijo que se espera una compensación económica millonaria por parte de las empresas.

Algunos de los demandados son firmas muy conocidas en Estados Unidos, como Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc.

Ebrard dijo que no solo se reclama el pago compensatorio, sino que en el fondo se busca que cese esta impunidad en el tráfico ilícito de armas, que las empresas se responsabilicen de pagar campañas para prevenir el uso de armamento y que modifiquen sus conductas de realizar ventas de armas sin control ni verificar antecedentes de los compradores.

La respuesta de los “armamentistas” no tardó. La Asociación Industrial del Comercio de Armas de Fuego de Estados Unidos (NSSF) mostró sorpresa por la demanda.

“Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, acusó Lawrence G. Keane, Vicepresidente Senior y Asesor Jurídico de NSSF

En este sentido, los norteamericanos tienen un argumento fuerte. Lo que se vive en México en materia de crimen e inseguridad es resultado del creciente tráfico de drogas, de la trata de personas, de extorsiones masivas y de toda una lista de actividades delictivas en donde se manifiesta de manera evidente el uso de armas de fuego extranjeras.

Aunque el litigio no es en contra del gobierno norteamericano, el precedente de la demanda cobra importancia en momentos en que los esfuerzos de cooperación binacional en tema de seguridad se encuentran prácticamente empantanados.

Y es que Estados Unidos bien podría demandar a México por falta de mecanismos efectivos para controlar el envío de drogas a ese país. Y las asociaciones de padres de familia y los grupos de interés norteamericanos también demandarían por el grave daño a la salud que la droga que proviene de México ha tenido en la población.

El “timing” de la demanda llama mucho la atención. Esto tendría que ver como una estrategia más de desviar la atención pública de problemas en donde nuestro gobierno ha demostrado ineficacia, como la falta de velocidad en la aplicación de vacunas para contrarrestar el Covid.

La táctica de buscar un enemigo extranjero —un chivo expiatorio— le resulta cómodo a Ebrard y al Gobierno. A Ebrard para evadir la difusión del inminente reporte que harán los noruegos sobre la tragedia en la Línea 12 del metro capitalino y al Gobierno para seguir ocultando sus deficiencias en política pública federal.

Quizá nuestras autoridades deberían evitar quemar cartuchos que no tienen un beneficio y solo provocan un mayor distanciamiento en las relaciones con nuestro vecino. Este tiro de la demanda de Ebrard, sin duda, falló en el blanco y acabará siendo un simple “tiri-titi-tooo”, como diría el buen “Perro” Bermúdez.