El Presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió su promesa de campaña realizada hace tres años de trasladar la Administración General de Aduanas a Nuevo Laredo.

La idea formaba parte del Proyecto de Nación 2018-2024 que contemplaba originalmente la descentralización de secretarías hacia estados fronterizos. Baja California sería la sede del Instituto Nacional de Migración.

Tres años han pasado y Nuevo Laredo sigue sin ser sede de la administración. Es más, esta plaza forma parte de las 49 aduanas del País que están en proceso de ser ahora controladas por las Fuerzas Armadas, una medida vista como controversial por muchos ciudadanos y representantes políticos.

Semanas atrás fue publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación donde se anunció la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México.  De acuerdo con el documento, será un organismo administrativo que se descentraliza de Hacienda; el control estará en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. 

“La decisión que tomé de crear esta agencia que va a actuar en coordinación con el SAT desde luego depende de la Secretaría de Hacienda; sin embargo, en lo operativo van a ser las Fuerzas Armadas las responsables de la administración de las aduanas”, dijo López Obrador al anunciar su creación.

La decisión del Gobierno ocurre en un momento en que denuncias e investigaciones de contrabando de gasolina y corrupción abundan desde los puntos aduanales de Tijuana hasta Matamoros en la frontera norte. Y escándalos migratorios y de tráfico de personas sacuden la frontera sur. Por lo menos tres directores aduanales han sido cesados en la “Operación Escoba”.

Según el periódico El Norte, en lo que va del actual Gobierno, 2 mil 712 trabajadores que prestaban sus servicios en la Administración General de Aduanas han causado baja y durante el mismo periodo este órgano ha presentado 39 denuncias ante la Fiscalía General de la República.

La salida de los funcionarios se ha dado bajo la modalidad de abandono de empleo, cese de nombramiento, defunción, destitución, incapacidad total, invalidez, jubilación, renuncia, resolución laboral, separación voluntaria, terminación anticipada de contrato y término de nombramiento.

La "limpia" y las investigaciones sin duda continuarán. La intención del presidente de incorporar a las fuerzas armadas en las aduanas del país no resulta una novedad. Existe como precedente el caso del puerto de Manzanillo que, por mandato presidencial, pasa a control de la Marina para evitar el tráfico de estupefacientes.

Los intereses económicos, políticos y delictivos siempre han existido en la historia aduanal de México. Sin embargo, modificar radicalmente la estructura operativa de las aduanas y asignar su operación a los militares es sin duda una estrategia original, nunca antes vista en nuestro País. El tiempo nos dirá si la táctica funcionó o solo fue un traslado de control para seguir con la misma corrupción y facilitando más el contrabando.