Miércoles 29 de Abril de 2026 |
En los últimos días nos hemos encontrado con varias notas y con una nueva ofensiva para “salvar” el Centro Histórico de Puebla, pero este tema tiene un problema de origen. Confunde protección patrimonial con captura institucional, ya que se presenta como una respuesta urgente ante el deterioro, la falta de indicadores, la debilidad normativa y el riesgo de observación internacional. Nada de eso debe minimizarse. El deterioro existe; la dispersión competencial también. El propio debate público reciente ha señalado la ausencia de una norma rigurosa, de esquemas de financiamiento y de métricas claras para monitorear la conservación del Centro Histórico. Pero de un diagnóstico correcto puede salir una medicina equivocada, y en este caso la receta parece peor que la enfermedad. El gobierno del estado quiere “ordenar” el Centro Histórico La tesis que se intenta instalar es sencilla: como el Ayuntamiento no ha resuelto suficientemente el problema, debe entrar una estructura estatal, supuestamente técnica, a ordenar la casa. La fórmula suena limpia. Patrimonio, expertos, UNESCO, 2031, quinto centenario, urgencia histórica. Todo muy noble.
Demasiado noble, quizá.
Porque detrás de ese envoltorio aparece una operación institucional delicada: desplazar el centro de decisión desde el Cabildo y la Gerencia del Centro Histórico hacia un órgano estatal o paraestatal, mucho menos expuesto al control democrático municipal.
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Conviene decirlo sin adornos: si la figura del fideicomiso ya era problemática porque trasladaba decisiones hacia una estructura paralela, un órgano estatal con capacidad de intervenir sobre el Centro Histórico sería todavía más grave. El fideicomiso abría una puerta lateral. Esta propuesta pretende cambiar la cerradura y botar la llave. El artículo 115 constitucional no es una recomendación decorativa. El municipio no es una ventanilla administrativa del gobierno estatal en turno. Es la base de la organización política y administrativa de los estados, y el Ayuntamiento es el órgano de representación popular encargado de gobernarlo. Cuando se habla del Centro Histórico no se habla sólo de un pasado glorioso, fachadas, balcones y cornisas; se habla de uso del suelo, movilidad, comercio, vivienda, servicios públicos, seguridad estructural, residentes, propiedad privada y vida urbana. Es decir, de gobierno municipal. La paradoja es evidente. Los promotores de la propuesta denuncian opacidad, falta de métricas y dispersión; pero la solución que sugieren puede producir más opacidad, más dispersión y menos responsabilidad política.
¿Está en riesgo de desparecer la Gerencia del Centro Histórico?En la entrevista dada al Sol de Puebla los “expertos” invocan la falta de normativa estricta, la necesidad de financiamiento e indicadores, e incluso la existencia del Instituto del Patrimonio Artístico, Antropológico, Histórico y Arquitectónico del Estado de Puebla, creado en 2022 y con dificultades de operación por falta de recursos.
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La pregunta incómoda es inmediata: si ese aparato estatal ya existe y nunca ha funcionado por ser contradictorio y por falta de capacidad, ¿por qué habría que entregarle más poder sobre el Centro Histórico? El Ayuntamiento de Puebla y su Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural no debe ser demolida políticamente con el pretexto de que necesita fortalecerse.
Ese es el truco.
Primero se declara insuficiente a la instancia municipal; luego se presenta una entidad estatal como solución inevitable; después se llama “coordinación” a lo que en realidad es sustitución. El propio anexo reconoce que la Gerencia existe jurídicamente dentro del Ayuntamiento, fue integrada formalmente en 2015 y fue concebida como órgano administrativo especializado con función transversal, técnica y de coordinación para la gestión integral del Centro Histórico y del patrimonio edificado municipal. Entonces el problema no es la inexistencia de una instancia municipal. El problema es que no se le ha dado la fuerza jurídica, presupuestal y operativa que requiere. Eso se corrige reforzándola, no vaciándola. La propuesta estatal se reviste de lenguaje técnico: registros, catálogos, expedientes, inventarios, criterios, dictámenes, coordinación. Todo depende de quién lo administra, con qué facultades, bajo qué transparencia y con qué garantías para los propietarios. El artículo periodístico señala que la propuesta contempla un Registro del Patrimonio Artístico, Histórico, Edificado y Natural del Estado de Puebla, con expediente técnico por cada bien, fotografías, fundamento jurídico, descripción histórica, ficha técnica y estado de conservación.
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¡Expropiación a la vista!En abstracto, parece impecable. En la práctica, si ese registro queda en manos de un órgano estatal con poder expansivo, puede convertirse en el mapa administrativo perfecto para expropiar inmuebles privados. Aquí aparece el punto más sensible: la propiedad privada. El patrimonio edificado no puede tratarse como si las casonas del Centro fueran piezas abandonadas en una vitrina estatal. Tienen dueños, obligaciones, historias, litigios, deterioros, herencias, rentas, deudas, costos de mantenimiento y restricciones reales. Cuando se combinan inventarios exhaustivos, discurso de emergencia internacional, sanciones, medidas coercitivas y un órgano estatal con baja trazabilidad democrática, el propietario deja de ser corresponsable y se vuelve sospechoso.
La palabra “expropiación” quizá no aparezca como consigna explícita, pero el andamiaje puede abrirle camino.
Primero se cataloga. Luego se declara riesgo. Después se limita el uso. Más tarde se acusa abandono. Finalmente, se presenta la intervención estatal como única salida. El patrimonio se salva; el propietario desaparece del relato. La defensa del Centro Histórico no puede fundarse en la sospecha generalizada contra quienes poseen inmuebles en él. Puebla no necesita una cruzada patrimonial contra sus propios vecinos. Necesita reglas claras, incentivos, financiamiento, asistencia técnica, sanciones proporcionadas y una Gerencia municipal con dientes administrativos. No un órgano opaco que reparta credenciales de “especialista” desde la comodidad del poder estatal. También hay un problema de transparencia. ¿Quién elegiría a los expertos? ¿Con qué procedimiento? ¿Por convocatoria pública? ¿Con declaraciones de conflicto de interés? ¿Con sesiones abiertas? ¿Con actas disponibles? ¿Sujeto a auditoría municipal? ¿A revisión del Cabildo?
Si la respuesta es vaga, la palabra “técnico” empieza a sonar a corrupción e impunidad.
En Puebla, como en demasiados lugares, los comités de expertos pueden convertirse en clubes de influencia con vocabulario académico y tentáculos de los poderosos. La vía correcta es otra. El Ayuntamiento debe conservar la conducción política. El Cabildo debe fijar prioridades y aprobar reglas. La clave está en hacer que el Ayuntamiento funcione
La Gerencia del Centro Histórico debe ser fortalecida como instancia técnica central: con atribuciones claras, información territorial, capacidad de coordinación, indicadores públicos y presupuesto programado. El Consejo ciudadano debe opinar, vigilar y proponer; no gobernar. El Estado debe coordinar, apoyar y legislar dentro de sus competencias; no desplazar al municipio. La Federación debe ejercer sus atribuciones sobre monumentos y patrimonio mundial; no ser utilizada como excusa para desmontar al Ayuntamiento. De hecho, el propio anexo, leído con cuidado, contiene la clave que contradice las ambiciones centralizadoras: propone un modelo estatal-municipal donde el Estado establece principios y mecanismos de coordinación, mientras los municipios ejercen la gestión cotidiana y preventiva.
Esa es la ruta constitucionalmente sensata.
No un gobierno estatal administrando el Centro Histórico desde arriba, sino un municipio fortalecido, coordinado y auditado. El Centro Histórico de Puebla no necesita otro aparato con nombre solemne. Ya tiene demasiadas capas, diagnósticos, oficios, planes y buenas intenciones. Lo que falta es más simple y difícil: hacer funcionar al Ayuntamiento. Fortalecer la Gerencia. Sujetar el gasto a indicadores. Publicar información. Coordinar con el INAH, el Estado y la Federación sin entregar la rectoría municipal. Y, sobre todo, entender que la defensa del patrimonio no autoriza a mutilar el gobierno local. Porque si para salvar el Centro Histórico hay que quitarle al Ayuntamiento el control de su propio territorio, entonces no estamos ante una política de conservación. Estamos ante una operación de poder con barniz patrimonial. Y en Puebla, como suele ocurrir, el barniz es muy brillante; la madera, bastante más dudosa.
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